La nota de Xpectro FM documenta el enriquecimiento desmedido y las prácticas opacas de un dirigente que lleva años confundiendo el sindicato con su patrimonio.

Según la investigación publicada por Xpectro FM, Arturo Zayún ha usado su posición al frente del sindicato del Monte de Piedad para construir una red de poder y privilegios personales. Desde hace más de veinte años, ha acumulado propiedades millonarias, manejado recursos en efectivo y realizado operaciones que contradicen cualquier estándar de transparencia. Entre 2012 y 2025, adquirió seis inmuebles valuados en más de 70 millones de pesos, aunque en documentos oficiales apenas aparecen como operaciones por 13 millones.

El informe revela además que el Centro Deportivo y Social Monte de Piedad, propiedad del sindicato, se alquila para fiestas privadas, cobrando en efectivo y sin dejar rastro contable. Los trabajadores, que pagan puntualmente sus cuotas, desconocen a dónde va el dinero. Lo único claro es que la administración de Zayún opera sin supervisión ni auditorías internas. El sindicato se ha convertido en una estructura cerrada, donde el poder se ejerce desde el silencio y la conveniencia.

Lejos de representar una lucha justa, la huelga promovida por Zayún es el reflejo de su estilo: extorsionar con el caos mientras se presenta como víctima. Bajo su dirección, el Monte de Piedad sufre una parálisis que afecta tanto a empleados como a usuarios, pero el dirigente parece más preocupado por blindar su patrimonio que por resolver el conflicto.

El reportaje de Xpectro FM desnuda una realidad incómoda: Arturo Zayún no dirige un sindicato, administra un feudo. Su permanencia prolongada y sus finanzas oscuras son el ejemplo de cómo el poder sin límites termina devorando el propósito original de la representación laboral. Mientras los trabajadores pierden derechos, él gana propiedades.

(Fuente: “Se empeña líder del sindicato del NMP en realizar operaciones sospechosas”, Xpectro FM, 26 de octubre de 2025.)

Las revelaciones del periodista Raymundo Riva Palacio abren un nuevo frente para el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, quien enfrenta indagatorias en Estados Unidos por sus presuntas relaciones con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Según Riva Palacio, el líder sindical Nazario Ramírez, de la CTM Jalisco —detenido recientemente por delitos de narcotráfico, extorsión y lavado de dinero— habría fungido como intermediario entre el cártel y Lemus, canalizando recursos para financiar campañas políticas.

El vínculo entre ambos no es nuevo: fotografías, actos públicos y apoyos logísticos del gremio sindical durante procesos electorales refuerzan la sospecha de una colaboración que, de confirmarse, podría dinamitar la narrativa de Movimiento Ciudadano (MC) como una fuerza “libre de corrupción y crimen organizado”.

Riva Palacio señala que la relación Lemus–Ramírez se remonta a la época en que el hoy gobernador encabezaba Zapopan y después Guadalajara, periodos en los que también se investigan presuntas prácticas de corrupción y favoritismo hacia la constructora Caabsa, donde Lemus y su familia tendrían participación accionaria.

La investigación estadounidense —que incluso alcanza a notarios y empresarios ligados al contrabando de combustible— se extiende, según el periodista, a vínculos familiares del propio Lemus, incluyendo a su suegro Hugo Salvador Villa Manzo, identificado con grupos ultraderechistas desde los años ochenta.

Aunque el gobernador intentó deslindarse del líder cetemista tras su captura, en México no se ha abierto ninguna investigación en su contra. Sin embargo, en Estados Unidos el expediente sigue creciendo y amenaza con convertirse en un golpe severo para su imagen y para un Movimiento Ciudadano que pretende erigirse como alternativa “limpia” frente a los partidos tradicionales.

El conflicto en el Nacional Monte de Piedad expone las viejas prácticas del sindicalismo corporativo mexicano en la figura del dirigente Arturo Zayún, quien se aferra a privilegios y mecanismos de control que durante décadas impidieron la competencia democrática y bloquearon la libertad sindical dentro de la institución.

Consultados sobre su postura respecto al conflicto laboral del Monte, trabajadores afiliados al Sindicato Independiente dijeron no estar de acuerdo con la huelga y rechazaron su apoyo al paro que los ha puesto en indefensión y dificultad económica por la terquedad de quien negocia con la estabilidad de la base laboral.

Cabe recordar que hasta hace pocos años, el sindicato tradicional y la administración funcionaban como una sola entidad, bajo un acuerdo tácito en el que la institución otorgaba todo lo que el gremio pedía a cambio de estabilidad. Ese esquema, caracterizado por la falta de transparencia, mantuvo el monopolio sindical y excluyó sistemáticamente a quienes intentaban organizarse de forma independiente, negándoles acceso a recursos, permisos y oportunidades laborales.

Fue hasta 2018 cuando la creación del Sindicato Independiente de Trabajadores del Nacional Monte de Piedad rompió con esa dinámica, aunque enfrentó represalias inmediatas. A los trabajadores afiliados al nuevo sindicato se les negaban vacantes, tiempo extra y derechos básicos. Esa discriminación derivó en un conflicto legal de seis años, que concluyó con el reconocimiento del Sindicato Independiente como organización minoritaria con plenos derechos laborales.

El sindicato tradicional también controlaba procesos internos clave, como la asignación de vacantes, operando bajo criterios de favoritismo y afinidad personal. Este tipo de prácticas ilegales y arbitrarias permitieron durante años colocar a personas cercanas a la dirigencia, consolidando una red de poder político al interior del Monte de Piedad, en detrimento del mérito, la capacidad y la profesionalización que exige una institución moderna.

La actual huelga no defiende los intereses reales de los trabajadores, sino los del liderazgo sindical. Muchos empleados han sido confundidos y manipulados con el discurso de que luchan por recuperar derechos perdidos, cuando en realidad el conflicto gira en torno a la intención del sindicato tradicional de retomar privilegios que ya no tienen cabida en el marco laboral vigente.

El movimiento ha derivado en un daño profundo: miles de trabajadores permanecen sin actividad, los usuarios carecen de acceso a los servicios de la institución y una entidad con vocación filantrópica se encuentra paralizada por las ambiciones personales de un liderazgo sindical que se resiste a perder el control.

Lejos de representar una causa justa, esta huelga refleja una lucha de poder que ignora el bienestar de los trabajadores y pone en riesgo la estabilidad de una de las instituciones más emblemáticas del país.