Con motivo del Día del Trabajo, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Jalisco llevó a cabo con éxito la Semana Laboral 2025, en la que más de 450 personas recibieron capacitación especializada para fortalecer la seguridad y la prevención en sus centros laborales.

Este evento se realizó en conjunto con la Asociación de Profesionales en Protección Civil y Combate de Incendios (ANPCI), e incluyó un total de 52 cursos distribuidos en distintas sedes del estado. Las actividades estuvieron dirigidas a trabajadores, empleadores y público en general, y abordaron temas clave como primeros auxilios, reparto de utilidades (PTU), búsqueda y rescate, combate contra incendios, así como las Normas Oficiales Mexicanas en seguridad y salud ocupacional.

Los cursos fueron impartidos por personal especializado de la STPS Jalisco y de empresas afiliadas a la ANPCI. “La capacitación continua es una herramienta fundamental para construir entornos laborales seguros y responsables”, subrayó la dependencia estatal.

Además, la Secretaría del Trabajo recordó que mantiene abierta su oferta mensual de capacitaciones en sus oficinas ubicadas en Calzada de las Palmas #96, colonia La Aurora, Guadalajara. Las personas interesadas pueden registrarse al teléfono 33-3030-1000, extensión 26735, de lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 horas. La agenda de cursos está disponible en stps.jalisco.gob.mx.

José Ascensión Murguía, de Movimiento Ciudadano, es la primera captura de un caso repleto de irregularidades. Las autoridades reconocen que el lugar fue un centro de reclutamiento del crimen, pero niegan la tesis del crematorio.

El alcalde de Teuchitlán, José Ascensión Murguía Santiago, de Movimiento Ciudadano, ha sido detenido este fin de semana por la Fiscalía General de la República (FGR) por su vinculación con el rancho Izaguirre, utilizado por el Cartel Jalisco Nueva Generación, al menos, como centro de operaciones y reclutamiento. Desde que los colectivos de madres buscadoras del Estado entrarán al rancho a principios de marzo y encontraran rastros de hogueras, cientos de restos de huesos y ropa, el caso ha ido escalando hasta colocarse cómo uno de los últimos grandes retratos de la crisis de violencia y seguridad que atraviesa al país. De momento, la detención del alcalde del pueblo donde está el rancho es la única captura relacionada con las investigación.

Desde el principio, todo lo relacionada al caso ha estado marcado por la negligencia y la irregularidad. El lugar estuvo en funcionamiento hasta septiembre de 2024 cuando un operativo de la Guardia Nacional llegó al lugar, fue recibido con disparos de arma de fuego, y detuvo a 10 personas, rescató a dos que estaban secuestradas y halló también a una fallecida. Aún así, el lugar no fue intervenido ni investigado por las autoridades, ni locales ni federales. Hasta que a principios de marzo, el colectivo Guerrero Buscadores de Jalisco llegó al rancho, gracias a una pista anónima que los avisó de que el Cartel Jalisco Nueva Generación desaparecía personas en ese lugar. Descubrieron rastros de hogueras, cientos de fragmentos de huesos, zapatillas y ropas abandonadas por sus dueños. Las madres buscadoras lo llamaron centro de exterminio

Durante las primeras semanas, a medida que el caso encendía la indignación de un país que arrastra 127.000 personas desaparecidas, la tónica fueron los reproches entre las autoridades estatales y federales. Hasta que la FGR tomó el caso. El 8 de abril, el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, aseguró en la conferencia diaria presidencial, la Mañanera, que no habían encontrado indicios de hornos crematorios y adelantó que la semana siguiente enseñaría las pruebas.

Su siguiente aparición pública se ratrasó hasta esta misma semana, cuando repitió que “no hay una sola prueba que acredite que era un sitio de cremación”. Gertz se ha referido a unos análisis realizados por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que niegan que hubiera calentamiento “arriba de 200 grados”. Estas declaraciones chocan con el estudio de la Secretaría de Ciencia del Gobierno de México, al que tuvo acceso EL PAÍS, que identificó en el rancho “altas concentraciones de ceniza” y humo procedente de hogueras alimentadas con hidrocarburos “como gasolina, diésel o llantas” en 2019. Ese análisis, realizado a partir de imágenes satelitales, casa con los hallazgos del los colectivos de buscadores que entraron al rancho a principios de marzo: hoyos y zanjas con aparentes restos de fuego, además de materiales que parecían calcinados.

Dos hombres fueron capturados tras ser acusados de haber asesinado, la semana pasada, a una integrante de un colectivo de búsqueda de desaparecidos, informó este jueves la fiscalía del estado mexicano de Jalisco (oeste).

María del Carmen Morales, quien participaba en la organización Guerreros Buscadores de Jalisco tras la desaparición de un hijo en febrero de 2024, fue ultimada a balazos junto con otro hijo hace una semana en el municipio de Tlacomulco.

«Se logró establecer la probable participación de Juan Manuel ‘N’, de 27 años, y José Luis ‘N’, de 24, en los hechos registrados el 23 de abril», detalló un comunicado de la fiscalía, que por ley reserva el nombre de los detenidos.

Según las autoridades, los agresores, a bordo de una motocicleta, interceptaron a las víctimas en las cercanías de su domicilio y uno de ellos les disparó para luego escapar.

Ambos detenidos podrían estar relacionados con otra decena de asesinatos, añadió la fiscalía, sin detallar cuándo fueron detenidos.

El colectivo Guerreros Buscadores denunció en marzo pasado que en una finca del municipio de Teuchitlán, intervenida en septiembre de 2024 por autoridades locales, operaba un campo de entrenamiento del narcotráfico.

La Fiscalía federal, que asumió la investigación, ha confirmado que el lugar era un centro de reclutamiento forzado del cartel Jalisco Nueva Generación, uno de los más poderosos del país y designado como organización terrorista por Estados Unidos.

Sin embargo, la dependencia descartó el pasado martes que en el sitio hubiera crematorios clandestinos o que se hayan cometido asesinatos de manera sistemática, como denunciaba Guerreros Buscadores.

La organización rebatió el informe de la Fiscalía y la acuso de querer «desaparecer la verdad».

México acumula más de 127,000 desaparecidos, la mayoría desde 2006, cuando el gobierno federal lanzó un criticado operativo militar antidrogas. Por estados, Jalisco concentra el mayor número de casos, con más de 15,000.