El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá este miércoles para someter a votación un borrador de resolución que exige un alto el fuego inmediato, permanente e incondicional en la Franja de Gaza, en un intento por frenar la violencia armada y aliviar la emergencia humanitaria que azota al enclave palestino desde hace meses.

La resolución, promovida por los diez miembros no permanentes del Consejo, también reclama la liberación inmediata de todos los rehenes en poder de Hamás y otros grupos armados. El texto califica la situación en Gaza de “catastrófica” y exige el levantamiento inmediato de todas las restricciones al ingreso y distribución de ayuda humanitaria. Además, subraya que esta ayuda debe ser entregada bajo los principios fundamentales de las agencias internacionales: neutralidad, imparcialidad e independencia.

El documento exige también el restablecimiento de todos los servicios esenciales —agua, electricidad, salud, alimentación— conforme al derecho humanitario internacional y las resoluciones vigentes del propio Consejo.

Sin embargo, fuentes diplomáticas indicaron que Estados Unidos podría vetar la resolución, un movimiento que ya se ha repetido en votaciones anteriores en las que se ha intentado imponer un cese al fuego más duradero en el conflicto. Funcionarios estadounidenses y la misión de Israel ante la ONU no han ofrecido comentarios sobre la propuesta.

Este llamado llega en un contexto especialmente tenso, donde las necesidades humanitarias en Gaza se han disparado. Más de 2 millones de personas dependen casi exclusivamente de la ayuda internacional después de que la ofensiva militar israelí destruyera gran parte de la infraestructura de producción y distribución de alimentos. El bloqueo impuesto el 2 de marzo por Israel ha restringido severamente la entrada de suministros, y aunque en las últimas semanas se permitió la entrada de ayuda bajo presión internacional, las organizaciones humanitarias denuncian que es insuficiente.

Además, el nuevo sistema de distribución —gestionado por una fundación respaldada por EE. UU. e Israel dentro de zonas militares— ha sido duramente criticado por Naciones Unidas. De acuerdo con la ONU, ese sistema no solo falla en atender la emergencia de inanición, sino que también le otorga a Israel un poder de control político sobre la ayuda, lo que va contra los principios humanitarios internacionales.

La comunidad internacional observa con atención el desarrollo de esta sesión del Consejo de Seguridad, consciente de que sus decisiones tendrán impacto inmediato tanto sobre el terreno como en el tablero geopolítico del conflicto. La votación, de realizarse como está previsto, pondrá nuevamente a prueba el equilibrio de poder dentro del Consejo, así como la voluntad política de sus miembros de poner fin a una crisis que ha cobrado miles de vidas y ha sumido a Gaza en una emergencia sin precedentes.

Con motivo del Día del Trabajo, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Jalisco llevó a cabo con éxito la Semana Laboral 2025, en la que más de 450 personas recibieron capacitación especializada para fortalecer la seguridad y la prevención en sus centros laborales.

Este evento se realizó en conjunto con la Asociación de Profesionales en Protección Civil y Combate de Incendios (ANPCI), e incluyó un total de 52 cursos distribuidos en distintas sedes del estado. Las actividades estuvieron dirigidas a trabajadores, empleadores y público en general, y abordaron temas clave como primeros auxilios, reparto de utilidades (PTU), búsqueda y rescate, combate contra incendios, así como las Normas Oficiales Mexicanas en seguridad y salud ocupacional.

Los cursos fueron impartidos por personal especializado de la STPS Jalisco y de empresas afiliadas a la ANPCI. “La capacitación continua es una herramienta fundamental para construir entornos laborales seguros y responsables”, subrayó la dependencia estatal.

Además, la Secretaría del Trabajo recordó que mantiene abierta su oferta mensual de capacitaciones en sus oficinas ubicadas en Calzada de las Palmas #96, colonia La Aurora, Guadalajara. Las personas interesadas pueden registrarse al teléfono 33-3030-1000, extensión 26735, de lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 horas. La agenda de cursos está disponible en stps.jalisco.gob.mx.

José Ascensión Murguía, de Movimiento Ciudadano, es la primera captura de un caso repleto de irregularidades. Las autoridades reconocen que el lugar fue un centro de reclutamiento del crimen, pero niegan la tesis del crematorio.

El alcalde de Teuchitlán, José Ascensión Murguía Santiago, de Movimiento Ciudadano, ha sido detenido este fin de semana por la Fiscalía General de la República (FGR) por su vinculación con el rancho Izaguirre, utilizado por el Cartel Jalisco Nueva Generación, al menos, como centro de operaciones y reclutamiento. Desde que los colectivos de madres buscadoras del Estado entrarán al rancho a principios de marzo y encontraran rastros de hogueras, cientos de restos de huesos y ropa, el caso ha ido escalando hasta colocarse cómo uno de los últimos grandes retratos de la crisis de violencia y seguridad que atraviesa al país. De momento, la detención del alcalde del pueblo donde está el rancho es la única captura relacionada con las investigación.

Desde el principio, todo lo relacionada al caso ha estado marcado por la negligencia y la irregularidad. El lugar estuvo en funcionamiento hasta septiembre de 2024 cuando un operativo de la Guardia Nacional llegó al lugar, fue recibido con disparos de arma de fuego, y detuvo a 10 personas, rescató a dos que estaban secuestradas y halló también a una fallecida. Aún así, el lugar no fue intervenido ni investigado por las autoridades, ni locales ni federales. Hasta que a principios de marzo, el colectivo Guerrero Buscadores de Jalisco llegó al rancho, gracias a una pista anónima que los avisó de que el Cartel Jalisco Nueva Generación desaparecía personas en ese lugar. Descubrieron rastros de hogueras, cientos de fragmentos de huesos, zapatillas y ropas abandonadas por sus dueños. Las madres buscadoras lo llamaron centro de exterminio

Durante las primeras semanas, a medida que el caso encendía la indignación de un país que arrastra 127.000 personas desaparecidas, la tónica fueron los reproches entre las autoridades estatales y federales. Hasta que la FGR tomó el caso. El 8 de abril, el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, aseguró en la conferencia diaria presidencial, la Mañanera, que no habían encontrado indicios de hornos crematorios y adelantó que la semana siguiente enseñaría las pruebas.

Su siguiente aparición pública se ratrasó hasta esta misma semana, cuando repitió que “no hay una sola prueba que acredite que era un sitio de cremación”. Gertz se ha referido a unos análisis realizados por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que niegan que hubiera calentamiento “arriba de 200 grados”. Estas declaraciones chocan con el estudio de la Secretaría de Ciencia del Gobierno de México, al que tuvo acceso EL PAÍS, que identificó en el rancho “altas concentraciones de ceniza” y humo procedente de hogueras alimentadas con hidrocarburos “como gasolina, diésel o llantas” en 2019. Ese análisis, realizado a partir de imágenes satelitales, casa con los hallazgos del los colectivos de buscadores que entraron al rancho a principios de marzo: hoyos y zanjas con aparentes restos de fuego, además de materiales que parecían calcinados.