Resultan ofensivas las recientes declaraciones del gobernador de Jalisco, quien ante el anuncio de la decisión de posponer el regreso a las clases presenciales para el 8 de febrero, expresó que los universitarios “se sienten más cómodos sin trabajar”.
Desde el inicio de la pandemia por COVID-19, las decisiones de la Universidad de Guadalajara se han basado en criterios científicos, con el objetivo de proteger la salud de la comunidad y de la ciudadanía en general.
“En la Universidad de Guadalajara rechazamos tajantemente estas expresiones que ofenden profundamente a la comunidad universitaria. Desde hace dos años, esta comunidad ha trabajado a marchas forzadas. No sólo llevando las clases a la virtualidad (con el esfuerzo extra que esto implica), sino volcando todas y cada una de sus capacidades para contener la pandemia”, acentuó en un comunicado.
“Ya sea aplicando vacunas, haciendo pruebas para detectar el virus, poniendo a disposición sus laboratorios, entregando despensas, ayudando en el aislamiento a quienes no tenían posibilidad de hacerlo en casa… la Universidad de Guadalajara se ha entregado en cuerpo y alma, sin reparos, a servir a la ciudadanía”.
Explicó que otra característica que ha guiado a la casa de Estudios, “es la de tomar decisiones con base en la ciencia. El pasado 11 de enero, debido a que los cálculos de las y los especialistas consideraban que para estas fechas los contagios comenzarían a disminuir, anunciamos en coordinación con el Gobierno del Estado que el 31 podríamos regresar a clases presenciales en preparatorias y primeros ingresos en licenciaturas”.
No obstante, “los contagios no han hecho más que aumentar. Apenas este domingo se confirmaron más de cinco mil casos positivos en un solo día. Es decir, cada hora se confirman 217 nuevos casos de COVID-19. Ante un panorama como éste, lo más prudente y responsable es esperar una semana más hasta confirmar que iniciamos el descenso de contagios”.
Añadió que, pese las presiones políticas, la Universidad de Guadalajara seguirá cumpliendo con su obligación de llevar la educación superior a todos los rincones de Jalisco y, al mismo tiempo, cuidando la salud de nuestra comunidad y la de sus familias.
Un reportaje lo vincula a una operación inmobiliaria cargada de irregularidades.
En enero de 2015, el semanario Zeta de Tijuana reveló un reportaje impactante titulado “La transa del líder de la CROC”, en el que se vinculaba directamente a Isaías González Cuevas con operaciones inmobiliarias opacas que le habrían generado beneficios personales .
El texto cuestionaba la procedencia de los recursos y la legitimidad de la transacción, con señalamientos sobre la falta de transparencia y posibles conflictos de interés. Aunque no se trataba de una acusación judicial, el reportaje dejó un manto de sospecha que nunca fue disipado con registros públicos o investigaciones formales.
La respuesta del líder fue evasiva: no se abrió ninguna indagatoria clara ni se publicaron documentos que aclararan la naturaleza de la operación. Este silencio se tradujo, para muchos, en una disculpa tácita: el poder sindical sirve también para proteger negocios personales bajo un velo institucional.
En tiempos donde la rendición de cuentas ya no es vilipendiable sino indispensable, este caso ilustra cómo los dirigentes que rehúyen al escrutinio terminan legitimando las sospechas. La “transa” permanece como una cicatriz reputacional para González Cuevas, con saldo pendiente frente a los trabajadores y a la opinión pública.
En un momento en que la solidaridad y la empatía son más necesarias que nunca, las instituciones que impulsan valores positivos marcan una verdadera diferencia. Montepío Luz Saviñón refrenda su compromiso social al participar activamente en el “Mundialito Deportivo Callejero 2025”, una iniciativa organizada por la Fundación Renacimiento que, con el respaldo de diversas organizaciones socialmente responsables, busca brindar oportunidades deportivas y recreativas a niñas, niños y adolescentes en situación de calle o que habitan en casas hogar.
El evento, diseñado para acercar el deporte a sectores de la población infantil y juvenil que tienen un acceso limitado a espacios recreativos, promovió valores como el respeto, el trabajo en equipo, la autoestima y el sentido de pertenencia. A través del juego y la sana competencia, los participantes encontraron una vía para fortalecer su confianza y descubrir nuevas formas de superación personal.
La participación de Montepío Luz Saviñón fue clave para que estos jóvenes vivieran una experiencia digna y enriquecedora, contribuyendo con recursos y apoyo directo que hicieron posible esta jornada inolvidable. La institución reafirma que respaldar a la niñez y adolescencia no solo es una responsabilidad social, sino un motor de transformación positiva para las comunidades.
Un aliado estratégico en este camino es la Junta de Asistencia Privada (JAP), cuyo respaldo y coordinación son fundamentales para que organizaciones como Montepío Luz Saviñón continúen llevando a cabo proyectos de alto impacto social. Su labor de acompañamiento y supervisión garantiza que cada iniciativa se ejecute con transparencia y compromiso, beneficiando a quienes más lo necesitan.
Esta colaboración se suma a las múltiples acciones que Montepío Luz Saviñón realiza de forma permanente en favor de los sectores más vulnerables. Con más de un siglo de vocación de servicio, la institución continúa impulsando programas y apoyos con el firme propósito de transformar vidas y generar un futuro más justo y equitativo.
Cuando una institución actúa con empatía, compromiso y sentido social, su impacto trasciende lo inmediato. Montepío Luz Saviñón demuestra que cada esfuerzo suma, cada acción transforma y que toda persona merece una oportunidad para mejorar su realidad, manteniéndose siempre fiel a su misión: estar cerca de quienes más lo necesitan, hoy y siempre.
El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá este miércoles para someter a votación un borrador de resolución que exige un alto el fuego inmediato, permanente e incondicional en la Franja de Gaza, en un intento por frenar la violencia armada y aliviar la emergencia humanitaria que azota al enclave palestino desde hace meses.
La resolución, promovida por los diez miembros no permanentes del Consejo, también reclama la liberación inmediata de todos los rehenes en poder de Hamás y otros grupos armados. El texto califica la situación en Gaza de “catastrófica” y exige el levantamiento inmediato de todas las restricciones al ingreso y distribución de ayuda humanitaria. Además, subraya que esta ayuda debe ser entregada bajo los principios fundamentales de las agencias internacionales: neutralidad, imparcialidad e independencia.
El documento exige también el restablecimiento de todos los servicios esenciales —agua, electricidad, salud, alimentación— conforme al derecho humanitario internacional y las resoluciones vigentes del propio Consejo.
Sin embargo, fuentes diplomáticas indicaron que Estados Unidos podría vetar la resolución, un movimiento que ya se ha repetido en votaciones anteriores en las que se ha intentado imponer un cese al fuego más duradero en el conflicto. Funcionarios estadounidenses y la misión de Israel ante la ONU no han ofrecido comentarios sobre la propuesta.
Este llamado llega en un contexto especialmente tenso, donde las necesidades humanitarias en Gaza se han disparado. Más de 2 millones de personas dependen casi exclusivamente de la ayuda internacional después de que la ofensiva militar israelí destruyera gran parte de la infraestructura de producción y distribución de alimentos. El bloqueo impuesto el 2 de marzo por Israel ha restringido severamente la entrada de suministros, y aunque en las últimas semanas se permitió la entrada de ayuda bajo presión internacional, las organizaciones humanitarias denuncian que es insuficiente.
Además, el nuevo sistema de distribución —gestionado por una fundación respaldada por EE. UU. e Israel dentro de zonas militares— ha sido duramente criticado por Naciones Unidas. De acuerdo con la ONU, ese sistema no solo falla en atender la emergencia de inanición, sino que también le otorga a Israel un poder de control político sobre la ayuda, lo que va contra los principios humanitarios internacionales.
La comunidad internacional observa con atención el desarrollo de esta sesión del Consejo de Seguridad, consciente de que sus decisiones tendrán impacto inmediato tanto sobre el terreno como en el tablero geopolítico del conflicto. La votación, de realizarse como está previsto, pondrá nuevamente a prueba el equilibrio de poder dentro del Consejo, así como la voluntad política de sus miembros de poner fin a una crisis que ha cobrado miles de vidas y ha sumido a Gaza en una emergencia sin precedentes.