Un buque carguero que transportaba miles de vehículos fabricados en China con destino a México sufrió un incendio de gran magnitud en pleno Océano Pacífico, lo que obligó a su tripulación a evacuar de emergencia y dejó a la nave sin control ni dirección definida.

El barco, de nombre Morning Midas, tenía como ruta el traslado de automóviles desde el puerto de Yantai, en China, hasta el puerto mexicano de Lázaro Cárdenas, Michoacán, cuando fue alcanzado por el fuego a unas 300 millas náuticas (casi 500 km) al suroeste de la isla Adak, en el estado de Alaska.

3,000 autos a bordo, incluyendo eléctricos

De acuerdo con la operadora Zodiac Maritime, el cargamento consistía en cerca de 3,000 vehículos, entre los cuales se encontraban 800 autos eléctricos. Según declaraciones publicadas por The Wall Street Journal, fue justamente en una cubierta que almacenaba estos vehículos eléctricos donde se detectó humo por primera vez, lo que sugiere un posible vínculo entre el siniestro y las baterías de litio.

Los 22 tripulantes a bordo hicieron esfuerzos por controlar el fuego, pero al no conseguirlo, abandonaron la embarcación en un bote salvavidas, siendo posteriormente rescatados por un barco comercial que navegaba en las cercanías.

Incendios por baterías: un riesgo creciente

Aunque aún se investigan las causas específicas, las baterías de iones de litio han sido señaladas en otros incidentes similares por su alta inflamabilidad y riesgo de combustión espontánea, sobre todo en entornos cerrados y calurosos como las bodegas de carga.

En 2022, el caso del buque Felicity Ace, que transportaba autos de lujo (incluyendo marcas como Porsche y Audi), terminó en desastre luego de incendiarse y hundirse en el Atlántico. El fuego se extendió rápidamente debido a la presencia de cientos de baterías de litio.

Situación actual del Morning Midas

Equipos de la Guardia Costera de Estados Unidos fueron desplegados con aviones y un barco para intentar controlar el fuego y evitar que el carguero a la deriva represente un peligro mayor. Por el momento, no hay indicios de derrames tóxicos, pero se mantiene el monitoreo ambiental y marítimo.

La empresa operadora no ha revelado detalles sobre las marcas o modelos específicos transportados, y se desconoce si parte de los vehículos estaba destinada al mercado mexicano de autos eléctricos en expansión.

El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá este miércoles para someter a votación un borrador de resolución que exige un alto el fuego inmediato, permanente e incondicional en la Franja de Gaza, en un intento por frenar la violencia armada y aliviar la emergencia humanitaria que azota al enclave palestino desde hace meses.

La resolución, promovida por los diez miembros no permanentes del Consejo, también reclama la liberación inmediata de todos los rehenes en poder de Hamás y otros grupos armados. El texto califica la situación en Gaza de “catastrófica” y exige el levantamiento inmediato de todas las restricciones al ingreso y distribución de ayuda humanitaria. Además, subraya que esta ayuda debe ser entregada bajo los principios fundamentales de las agencias internacionales: neutralidad, imparcialidad e independencia.

El documento exige también el restablecimiento de todos los servicios esenciales —agua, electricidad, salud, alimentación— conforme al derecho humanitario internacional y las resoluciones vigentes del propio Consejo.

Sin embargo, fuentes diplomáticas indicaron que Estados Unidos podría vetar la resolución, un movimiento que ya se ha repetido en votaciones anteriores en las que se ha intentado imponer un cese al fuego más duradero en el conflicto. Funcionarios estadounidenses y la misión de Israel ante la ONU no han ofrecido comentarios sobre la propuesta.

Este llamado llega en un contexto especialmente tenso, donde las necesidades humanitarias en Gaza se han disparado. Más de 2 millones de personas dependen casi exclusivamente de la ayuda internacional después de que la ofensiva militar israelí destruyera gran parte de la infraestructura de producción y distribución de alimentos. El bloqueo impuesto el 2 de marzo por Israel ha restringido severamente la entrada de suministros, y aunque en las últimas semanas se permitió la entrada de ayuda bajo presión internacional, las organizaciones humanitarias denuncian que es insuficiente.

Además, el nuevo sistema de distribución —gestionado por una fundación respaldada por EE. UU. e Israel dentro de zonas militares— ha sido duramente criticado por Naciones Unidas. De acuerdo con la ONU, ese sistema no solo falla en atender la emergencia de inanición, sino que también le otorga a Israel un poder de control político sobre la ayuda, lo que va contra los principios humanitarios internacionales.

La comunidad internacional observa con atención el desarrollo de esta sesión del Consejo de Seguridad, consciente de que sus decisiones tendrán impacto inmediato tanto sobre el terreno como en el tablero geopolítico del conflicto. La votación, de realizarse como está previsto, pondrá nuevamente a prueba el equilibrio de poder dentro del Consejo, así como la voluntad política de sus miembros de poner fin a una crisis que ha cobrado miles de vidas y ha sumido a Gaza en una emergencia sin precedentes.

En un tercer golpe a las redes de fraude en tiempo compartido, lideradas por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por su sigla en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en colaboración con el gobierno mexicano, incluida la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría Hacienda, sancionó a tres personas y 13 empresas mexicanas.

“Estas personas y empresas están vinculadas, directa o indirectamente, al fraude de tiempo compartido liderado por el CJNG, explicó la autoridad estadunidense. El cártel CJNG, un importante traficante de narcóticos como el fentanilo ilícito hacia los Estados Unidos, genera ingresos sustanciales para su empresa criminal multifacética a través de su red de fraude de tiempo compartido”, agregó la secretaria del Tesoro, Janet L. Yellen.

En coordinación con la UIF de México y el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por su sigla en inglés) y la Agencia Antidrogas (DEA, por su sigla en inglés), ambos de Estados Unidos, la OFAC sancionó a tres personas (Teresa de Jesús Alvarado Rubio, Manuel Alejandro Foubert Cadena y Gabriela del Villar Contreras) y 13 empresas mexicanas.

Alvarado ha estado vinculada a actividades de fraude de tiempo compartido en el área de Puerto Vallarta durante aproximadamente 15 años. Foubert al menos 2016. Del Villar es un abogado de Puerto Vallarta que se dedica al cobro de deudas y al fraude inmobiliario en nombre del CJNG, explicó el Tesoro.

Entre las empresas sancionadas se cuenta Grupo Empresarial Epta, Assis Realty y Club Vacacional, (actividades inmobiliarias); Axis Venta y Mantenimiento de Edificios, (actividades inmobiliarias); Comercializadora de Servicios Turísticos de Vallarta, (actividades inmobiliarias); Venta y Mantenimiento de Edificios de Condominios y Vacaciones, (actividades inmobiliarias); Grupo Minera Barro Pacífico, (minería); International Realty & Maintenance, (actividades inmobiliarias); Mega Comercial Ferrelectrica, (comercio al por mayor); Bienes Raíces y Ciudades Vacacionales, (actividades inmobiliarias); y Terra Minas e Inversiones del Pacífico, (minería).

“Muchas de estas personas y entidades están ubicadas en Puerto Vallarta, Jalisco, México, que es un bastión estratégico del CJNG para el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas”, enfatizó la autoridad estadunidense.

Al ser sancionadas por la OFAC, todas las propiedades e intereses en propiedades de las personas designadas que se encuentren en Estados Unidos o en posesión o control de personas estadunidenses están bloqueados y deben informarse a esa oficina. Además, también se bloquea cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, individualmente o en conjunto, en 50 por ciento o más de una o más personas bloqueadas.

“El CJNG utiliza violencia e intimidación extremas para controlar la red de tiempo compartido, que a menudo apunta a ciudadanos estadunidenses de edad avanzada y puede defraudar a las víctimas con los ahorros de toda su vida. El Tesoro sigue comprometido con el esfuerzo de todo el gobierno de la administración, en coordinación con nuestros socios en México, para interrumpir las fuentes de ingresos del CJNG y su capacidad para traficar drogas mortales como el fentanilo”, explicó el Tesoro.

Los esquemas de fraude en tiempos compartidos a menudo involucran terceros estafadores, que afirman tener compradores listos, hacen ofertas de compra no solicitadas a los propietarios de tiempo compartido; si se aceptan ofertas, los estafadores solicitan pagos de tarifas e impuestos por adelantado, supuestamente para facilitar o acelerar la venta con garantías de rembolso al momento del cierre; y una vez que se han realizado varios pagos a los estafadores, los propietarios de tiempo compartido eventualmente se dan cuenta de que las ofertas eran ficticias, que no hay compradores y que su dinero desapareció.

Previamente, por este tipo de conductas, el 2 de marzo de 2023 la OFAC ya había sancionado a ocho empresas mexicanas vinculadas, directa o indirectamente, a las actividades de fraude de tiempo compartido del CJNG. Y el 27 de abril de 2023 la oficina sancionó a siete personas de ciudadanía mexicana, incluido el fugitivo narcotraficante Eduardo Pardo Espino, así como a 19 empresas.