Brenda Marisol Montañez Saucedo, presidenta del DIF Municipal de Villa Hidalgo, Jalisco, fue localizada con vida la mañana de este lunes en el municipio de Calvillo, Aguascalientes, confirmó a través de sus redes sociales Pablo Lemus, gobernador de Jalisco.

Esto se logró con un trabajo colaborativo entre SEDENA junto con los gobiernos de Jalisco y Aguascalientes”, añadió el mandatario en su publicación.

La panista Teresa Jiménez, gobernadora de Aguascalientes, no se ha pronunciado públicamente sobre los hechos. Tampoco la fiscalía local ni la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.

La esposa de Jaime Cruz Villalpando, alcalde de Villa Hidalgo, fue privada de su libertad el sábado por la noche, cuando, presuntamente, un grupo armado la secuestró junto a otra persona cuya identidad no se ha dado a conocer a la salida del condominio residencial Ruscello, ubicado en el municipio de Jesús María, Aguascalientes. Otras versiones señalan que la mujer habría sido sacada de su domicilio en dicho condominio.

Calvillo, el municipio donde fue localizada, se encuentra a poco más de 50 kilómetros del lugar del secuestro y colinda con Zacatecas. Sobre la otra persona presuntamente plagiada ninguna autoridad ha dado información.

De acuerdo con fuentes de la fiscalía, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) es el responsable del plagio y ha exigido al alcalde la destitución de su secretario de seguridad pública. El pasado 5 de febrero Jaime Cruz también fue secuestrado en Aguascalientes  junto con dos trabajadores del ayuntamiento, pero horas después fue liberado.

Días antes, Sebastián Cruz, hijo del edil y promotor de espectáculos, fue amenazado en esta entidad, donde había pactado la presentación del cantante de corridos Oscar Maydón en el Palenque de la Feria Nacional de San Marcos. El evento se canceló y Cruz también fue secuestrado, pero liberado pocas horas después.

En sus redes sociales el empresario afirmó que su familia no tiene relación con el narcotráfico ni con el lavado de dinero “como dice por ahí la información”.

“Mi familia siempre me ha inculcado ir por el camino bien, por el camino derecho y nunca nos hemos metido con nadie ni con nada. No sabemos qué esté pasando, la verdad, lo único que queremos es paz y tranquilidad, vivir bien como todo ser humano tiene derecho a vivirla», publicó.

El Gabinete de Seguridad federal indicó en un comunicado que en esta acción fueron detenidas un total 37 personas.

El descubrimiento de este campamento lo realizaron elementos del Ejército mexicano (Defensa), la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina, en coordinación con personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Fiscalía General de la República (FGR), durante una inspección terrestre en una zona despoblada de la región de Valles de Jalisco.

En el sitio de los hechos fueron asegurados cargadores de arma de fuego, mil 818 cartuchos útiles y cuatro equipos de radio comunicación.

También fueron decomisados equipo táctico y precursores químicos que eran propiedad de un grupo delictivo que opera en la región.

Los 37 detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General de la República en Jalisco, y se espera que en las próximas horas se defina su situación jurídica.

“La violencia obstétrica es una forma de violencia de género que afecta a las mujeres; el maltrato, la negligencia o la falta de respeto en el parto pueden constituir una violación a sus derechos fundamentales”, señaló Magda Zulema Mosri Gutiérrez, al hablar del libro ‘La perspectiva de género en la justicia administrativa federal’.

Magistrada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa – donde preside la Comisión para la igualdad de género- Mosri Gutiérrez es la coordinadora de este texto que recoge los votos particulares y las resoluciones emitidas por dicho tribunal, aplicando las perspectivas de género y de derechos humanos.

Cuando hablamos de justicia administrativa parece un tema bastante árido, sin embargo explicó, el libro muestra nueve casos de personas de carne y hueso que no tuvieron la atención médica requerida en hospitales públicos y que cuando fueron ante el Tribunal -por un parto mal atendido o una negligencia que terminó en la amputación de un brazo- consiguieron que se aplicará la perspectiva de género y derechos humanos a la hora de fallar su caso.

El Tribunal Constitucional —órgano autónomo especializado en materia fiscal y administrativa-, explicó la magistrada, tiene el mandato de proteger y garantizar los derechos humanos “considerando el contexto en que se suscitaron los hechos e identificando las relaciones asimétricas de poder o contextos de desigualdad”;  se debe reconocer que “frente a ciertas personas existen factores adicionales de desigualdad como el sexo, la edad, la condición de salud , la discapacidad, el tono de piel o la orientación sexual”.

Al juzgar el caso de una mujer embarazada de su tercer hijo que el 12 de enero de 2016 acudió a un hospital regional público en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, y después de una cesárea los médicos le dejaron “restos placentarios”,  que provocaron sangrado posterior y obligaron a un legrado, Mosri resolvió que había una responsabilidad patrimonial del Estado y la mujer tenía derecho a una indemnización.

El caso mostró distintos aspectos que enfrenta una mujer a la hora de un parto y una mala praxis médica, desde las dificultades para conseguir peritos médicos dispuestos a participar en un juicio de este tipo hasta la negativa de su derecho a no permitir un número indiscriminado de “tactos” durante el proceso previo al parto.

El trato deshumanizado, grosero, discriminatorio o humillante; gritos y regaños, presión para aceptar la colocación de un dispositivo anticonceptivo, tactos vaginales realizados por más de una persona, raspado de útero sin anestesia, negativa a suministrar medicamentos para el dolor, obligar a parir acostada y/o inmovilizada, entre otras practicas son violencia obstétrica, y sin embargo pasan por prácticas hospitalarias comunes.

La especialista señaló que el articulo 109 de la Constitución establece el deber de indemnizar a los particulares por los daños que sufran en sus bienes o derechos como consecuencia de la actividad administrativa irregular del Estado; “el ciudadano ya no tiene que demostrar el dolo del servidor público que causó el daño, sino sólo la irregularidad de su actuación, y puede demandar directamente al Estado sin tener que demandar previamente al servidor público responsable, como ocurría antes”.

También tienen competencia en materia migratoria

Presidenta de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la magistrada informó que se registró en el comité de evaluación de los poderes judicial y legislativo porque desea participar en la elección del Poder Judicial para formar parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Informó que en el Tribunal “somos competentes para conocer de las demandas presentadas por los particulares con motivo de la actuación de las autoridades migratorias como la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la Secretaría de Relaciones Exteriores o el Instituto Nacional de Migración”.

-¿Quizá sea muy difícil para un migrante conocer la ley e inconformarse por alguna violación a sus derechos?

En el Tribunal se ha impulsado la capacitación constante del personal jurisdiccional, pero además existe una jurisprudencia – la tesis 1a./J. 114/2023 (11a.) – que reconoce la figura de la suplencia de la queja deficiente, prevista en el artículo 79, fracción VII de la Ley de Amparo.

“Debe aplicarse a los juicios de amparo promovidos por personas migrantes, dado que la Ley de Amparo garantiza una regulación procesal especial para las personas que se encuentran en clara desventaja social, y que en el caso de las personas migrantes su vulnerabilidad está fundada en que tanto el derecho internacional como el interno, reconocen que han partido de su país de origen dejando su vida, sus posesiones y familia, frente alguna situación amenazante, la pérdida de su libertad y/o su integridad”.

Esto se agrava, explicó, si se presenta una “discriminación interseccional”, pues a la condición migratoria puede adherirse la edad, el sexo, el género, la identidad étnica o alguna otra circunstancia, sumada a que las personas migrantes viajan sin documentación, lo que hace que sean fácilmente víctimas de delitos y de violaciones a sus derechos humanos.

Mosri Gutiérrez  está presentando su libro por los estados del país.

Fuente: La jornada