CAMPAÑA CONTRA MONTE DE PIEDAD ABRE DEBATE SOBRE LA ÉTICA EN LA COMPETENCIA PRENDARIA

La reapertura de Nacional Monte de Piedad, después de varios meses de inactividad, ha provocado algo más que el regreso de miles de clientes a sus sucursales. También ha puesto en evidencia una competencia publicitaria en la que algunas instituciones parecen haber encontrado en las dificultades ajenas una oportunidad para hacerse notar.

Es el caso de Fundación Dondé, que en los últimos días ha difundido una campaña construida alrededor de indirectas, mensajes de desconfianza y comparaciones con relaciones sentimentales. Expresiones como “te miente y te sigue cobrando” y referencias a alguien que desapareció durante un año forman parte de una estrategia que, aunque no menciona directamente a Nacional Monte de Piedad, coincide con su regreso a las actividades.

La coincidencia difícilmente pasa inadvertida. Los mensajes parecen aprovechar el periodo de cierre que enfrentó la institución para presentar su reapertura como el regreso de alguien que abandonó a quienes confiaban en él.

La publicidad puede ser provocadora y utilizar el humor como recurso para conectar con el público. Sin embargo, cuando ese humor se construye a partir de insinuaciones sobre supuestos engaños o abusos de otra institución, surge una discusión que tiene menos que ver con la creatividad y mucho más con la responsabilidad de quien comunica.

El cierre de Nacional Monte de Piedad fue consecuencia de un conflicto laboral que afectó a trabajadores, clientes y a la propia institución. Para muchas familias significó meses de incertidumbre sobre sus prendas y operaciones pendientes. Convertir esa situación en un recurso comercial plantea dudas sobre la sensibilidad con la que algunas organizaciones entienden su papel frente a la sociedad.

La discusión adquiere mayor relevancia porque no se trata de empresas comunes. Tanto Nacional Monte de Piedad como Fundación Dondé son instituciones de asistencia privada que desarrollan sus actividades bajo un marco de responsabilidad social.

Su naturaleza institucional supone una vocación de servicio que debería reflejarse también en la manera en que se relacionan con sus competidores. La solidaridad, el respeto y la confianza difícilmente pueden limitarse al discurso institucional mientras la publicidad recurre a mensajes que buscan desacreditar a otros participantes.

Desde luego, competir es legítimo. También lo es aprovechar las oportunidades que ofrece un mercado en movimiento. Lo cuestionable aparece cuando una campaña deja de hablar de sus propias fortalezas para concentrarse en las dificultades de otra institución, recurriendo a insinuaciones que no necesariamente se encuentran respaldadas por hechos comprobables.

La reapertura de Nacional Monte de Piedad representa un momento importante para el sector prendario. La competencia podría traducirse en mejores servicios, mayor cercanía con los clientes y un esfuerzo compartido por fortalecer la confianza.

Sin embargo, llevar esa competencia al terreno de las descalificaciones indirectas envía una señal poco congruente con la responsabilidad social que estas instituciones dicen representar.

La economía de México crecerá entre 1.5 y 2.5 por ciento en 2027, indicóÉdgar Amador, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)en el marco de la entrega delPaquete Económico 2027 en San Lázaro.

“México enfrenta un entorno internacional complejo, el entorno global ha estado marcado por mayores precios de los energéticos que han elevado a las presiones inflacionarias y generado revisiones a la baja en los perspectivas de crecimiento de algunas economías. Sin embargo,México ha mantenido una inflación establey ha continuado creciendo. En el segundo trimestre de 2026, el PIB creció 1.9 por ciento anual con cifras desestacionalizadas y registró su mayor avance trimesteral desde el primer trimestre de 2022. Con esta base sólida, se estima que la economía mexicana crecerá entre 1.5 y 2.5 por ciento en términos reales durante 2027″, indicó el Secretario de Hacienda.

Este documento fue presentado en elCongreso de la Uniónen uncontexto de desaceleración económica, ingresos con escaso crecimiento y cada vez mayor presión sobre las finanzas públicas. En abril, la SHCP había estimado que para 2027 el crecimiento de México sería de entre 1.9 y 2.9 por ciento.

“Para 2027 seguiremos con la ruta de consolidación fiscal. Se proyecta un déficit de de 3.9 por ciento del PIB, cifra consitente con una politica fiscal sostenible”, explicó.

No te dé pena la cruda: Bares aportan 3 mil 800 mdd al año a la economía mexicana

De acuerdo con el Paquete Económico 2027, los ingresos tributarios alcanzarán un máximo histórico de 15.9 por ciento del PIB, sin crear nuevos impuestos.

“Este resultado se apoyará en una mayor eficiencia recaudatoria, el combate a la evasión, la elusión y las empresas que facturan operaciones simuladas. Con ello, el Estado contará con mayores recursos para financiar bienestar, infraestructura y desarrollo productivo”, subrayó la secretaría en uncomunicado.

Edgar Amador recordó que es el tercer paquete que se entrega bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinba Pardo y afirmó que refleja la ruta que el gobierno de México seguirá para conducir la política económica durante el próximo año.

“Ruta que parte de una distinción fundamental del proyecto de nación que hemos construido desde el inicio de la cuarta transformación. Los recursos públicos deben estar al servicio de la gente y del desarrollo del país”, indicó.

El funcionario federal recordó que entre 2018 y 2024, 13.4 millones de personas salieron de la pobreza.

“Por eso el gasto público tiene una doble responsabilidad. Construir bienestar hoy y elevar la capacidad para crecer mañana. Esto significa seguir fortaleciendo el acceso efectivo a derechos como la salud, la educación y la vivienda. Significa también reducir las desigualdades que durante décadas habían limitado el desarrollo de millones de personas y regiones del país”, añadió.

Hacienda busca impulsar inversiones en el país

Edgar Amador remacró que laadministración de Claudia Sheinbaumtiene el objetivo de potenciar el crecimiento de México.

“Para lograrlo continuaremos incrementando la inversión en infraestructura a través del despliegue de una agenda amplia de inversión pública en sectores estratégicos como energía, transporte, logística, salud, agua y educación. (…) Nuestra visión del papel del Estado en el desarrollo económico es un Estado que orienta, pero que también impulsa y que genera las condiciones para que el desarrollo llegue a todos”, señaló.

La SHCP detalló que el Plan México será “uno de los principales motores de esta estrategia”. Indicó que a través de incentivos y desarrollo de proveedores, se buscará movilizar inversión privada, aumentar el contenido nacional de la producción, fortalecer las cadenas de suministro y generar empleos de mayor valor agregado.

“Entre 2026 y 2030, la inversión pública y mixta alcanzará 5.7 billones de pesos en infraestructura para energía, agua y transporte, así como de financiamiento”, apuntó la dependencia.

La Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua pierde sustento para mantener una orden de captura emitida desde el fuero local contra el empresario.

El caso penal relacionado con la reestructura de la deuda pública de Chihuahua registró un nuevo giro judicial: una jueza federal concedió el amparo a José Pedro López Elías y ordenó al Juez de Control del Distrito Judicial Morelos dejar sin efectos la orden de aprehensión emitida en su contra dentro de la causa penal 3050/2024.

La determinación de la Jueza Décimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Madhay Soto Morales, parte de una conclusión central: la autoridad local que libró la orden no tenía competencia para hacerlo, pues los recursos involucrados en los hechos investigados son de naturaleza federal.

La sentencia fue emitida el 18 de agosto y notificada el 28 de agosto.

El expediente se originó por pagos de 98.6 millones de pesos al despacho López Elías Finanzas Públicas, S.C., durante la administración de Javier Corral Jurado, por servicios de asesoría en la reestructura y refinanciamiento de la deuda estatal.

La Auditoría Superior del Estado cuestionó la contratación y sus resultados.

Posteriormente, la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, encabezada por Abelardo Valenzuela Holguín, sostuvo que existían elementos para investigar un posible peculado.

La Fiscalía ha mantenido que se trató de un posible daño al erario estatal y que Chihuahua debía conservar la conducción de la investigación.

Bajo esa hipótesis se integró la causa 3050/2024, que involucró al exgobernador Javier Corral, al exsecretario de Hacienda Arturo Fuentes Vélez y a López Elías, identificado en la indagatoria como presunto partícipe externo.

La defensa de los señalados ha sostenido una versión distinta: que el despacho sí realizó el trabajo contratado, que existe documentación técnica que acredita las gestiones efectuadas y que los recursos utilizados procedían de participaciones federales.

Para la defensa, el caso debió ser conocido desde el inicio por autoridades federales.

La discusión sobre competencia alcanzó un punto decisivo en enero de 2026.

El Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito resolvió el conflicto competencial 20/2025 y determinó que la causa relacionada con Corral debía ser conocida por un juez penal federal.

El criterio se sustentó en que los recursos materia del caso conservaban naturaleza federal, aun cuando hubieran sido transferidos al estado.

Esa resolución fue el fundamento determinante del amparo concedido a López Elías.

La jueza federal consideró que, aunque el conflicto competencial se había promovido originalmente respecto de Corral, López Elías es coimputado en la misma causa y por los mismos hechos y recursos.

Por ello concluyó que el juez local tampoco era competente para emitir la orden de aprehensión contra el empresario.

La sentencia ordena tres actos concretos: dejar sin efectos la orden de aprehensión dictada el 18 de enero de 2025; emitir una nueva determinación en la que el juez local analice primero su competencia; y, a la luz del criterio federal, determine que no puede resolver la solicitud de captura.

La resolución no analiza ni decide si López Elías es responsable o inocente de los hechos imputados; se pronuncia exclusivamente sobre la legalidad constitucional de la orden y la competencia de la autoridad que la emitió.

La propia sentencia establece que su ejecución debe esperar a que transcurra el plazo para la eventual interposición de un recurso de revisión.

Por ello, el hecho debe presentarse como una orden judicial de invalidación concedida en amparo, no como una exoneración definitiva ni como el cierre total de la investigación.

El efecto institucional es relevante: la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua pierde sustento para mantener una orden de captura emitida desde el fuero local contra López Elías y se fortalece el criterio de que el caso debe ser revisado en jurisdicción federal.

La controversia de fondo permanece abierta y corresponderá a las autoridades federales determinar si existió delito y, en su caso, responsabilidades.