Sus declaraciones sobre legalidad suenan vacías en una institución que investiga solo cuando el poder lo permite.

Mientras la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua se enfrenta a señalamientos por usar sus investigaciones como herramienta de presión, su titular, Abelardo “El Bayo” Valenzuela, vuelve a exhibir la selectividad y el oportunismo que marcan su gestión.

La investigación que huele a consigna

El nombre de Abelardo Valenzuela volvió a los titulares tras anunciar que su Fiscalía Anticorrupción abrió una investigación por la renuncia de la jueza María Cristina Berjes Cardoso, quien dejó su cargo para asumir una secretaría de sala. Aunque el hecho, en apariencia administrativo, fue presentado como un acto de transparencia, detrás del anuncio muchos vieron una jugada política: un expediente abierto en el momento exacto en que el poder judicial chihuahuense se encuentra dividido por pugnas internas.

Valenzuela aprovechó el eco mediático para posicionarse como “defensor de la legalidad”. Pero más que combatir la corrupción, su fiscalía parece estar librando batallas mediáticas por encargo. El discurso anticorrupción volvió a ser su escudo: frases solemnes, declaraciones grandilocuentes y cero resultados verificables.

Fiscalía selectiva: castiga a unos, protege a otros

Desde su llegada, la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua actúa con una doble vara: investiga con estridencia a figuras que incomodan al poder político, mientras guarda silencio en casos donde los nombres involucrados son aliados o cercanos al gobierno estatal.

En el caso de la jueza Berjes, el mensaje fue claro: la fiscalía está lista para castigar… siempre que convenga al guion político del momento.

Bajo el mando de Valenzuela, la justicia se volvió un instrumento narrativo. Cada investigación o declaración pública está calibrada para reforzar la imagen del “fiscal que no teme”, aunque en realidad solo se atreva con quienes ya fueron señalados desde arriba.

La justicia como espectáculo

Valenzuela se ha convertido en un maestro del timing mediático. Su oficina lanza comunicados justo cuando algún escándalo político amenaza con salpicar al gobierno o a sus aliados.

Así, los titulares sobre su supuesta “implacabilidad” funcionan como cortina de humo: distraen la atención mientras los verdaderos casos de corrupción permanecen bajo llave.

En lugar de fortalecer la confianza institucional, esta estrategia convierte a la fiscalía en un show de control político donde el público ya conoce el final: mucho ruido, poca justicia y un fiscal siempre dispuesto a encender los reflectores cuando le conviene.

La credibilidad perdida

Abelardo Valenzuela presume autonomía, pero cada acción de su oficina desmiente su discurso. La Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua no goza de independencia, sino de obediencia.

Y mientras el fiscal siga utilizando el combate a la corrupción como un eslogan personal, la ciudadanía seguirá viendo lo que es evidente: un funcionario que habla de legalidad, pero actúa con cálculo.

En Chihuahua, el combate a la corrupción se volvió un performance, y su protagonista, Abelardo “El Bayo” Valenzuela, el actor principal de una obra en la que la justicia siempre queda fuera de escena.

Transparencia de papel

La gestión de Abelardo Valenzuela se ha convertido en sinónimo de opacidad institucional y simulación mediática.

El fiscal anticorrupción de Chihuahua, Abelardo Valenzuela Holguín, repite en cada foro la palabra “transparencia” como si bastara con pronunciarla para hacerla realidad. Firma convenios, da conferencias, posa para las fotos y habla de rendición de cuentas. Pero en los hechos, su gestión se ha caracterizado por el silencio, la falta de datos públicos y la ausencia total de resultados verificables.

Los informes de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua (FAECH) no ofrecen claridad sobre el número real de investigaciones abiertas, las resoluciones efectivas o las sanciones impuestas. No hay estadísticas completas, ni mecanismos ciudadanos de verificación. Lo que se exhibe son acuerdos, no resultados.

Convenios para la foto, no para la justicia

La estrategia de Valenzuela parece más orientada a la comunicación política que a la acción judicial. Mientras firma “convenios de colaboración” con instituciones estatales, la percepción ciudadana sobre la impunidad no mejora. La corrupción sigue intocable, los casos de alto perfil se estancan y los responsables caminan libres.

Cada nuevo convenio se convierte en un acto de autopromoción: sellos, fotos, discursos. Pero detrás de esa fachada institucional, la fiscalía opera con la misma discrecionalidad que dice combatir. El fiscal no rinde cuentas, no publica indicadores y, en consecuencia, no genera confianza.

Una fiscalía sin espejo

La transparencia no puede ser un discurso, sino una práctica. Y en eso, Abelardo Valenzuela ha fallado rotundamente. No existe un portal de datos abiertos que detalle las investigaciones, ni un informe público que permita auditar el desempeño de la fiscalía. En cambio, abunda la propaganda institucional y los comunicados con frases vacías.

La ciudadanía, cansada de discursos huecos, percibe a la Fiscalía Anticorrupción como un aparato de simulación. Y esa percepción, aunque Valenzuela la ignore, es tan corrosiva como la corrupción misma.

La paradoja del fiscal opaco

El fiscal que se dice paladín de la transparencia es, paradójicamente, uno de los funcionarios más herméticos del sistema estatal. Sus declaraciones públicas son selectivas, sus datos escasos y sus resultados invisibles.

La rendición de cuentas no se demuestra con declaraciones, sino con hechos. Y hasta ahora, Abelardo Valenzuela no ha demostrado nada. Chihuahua necesita un fiscal que abra las puertas de la justicia, no uno que esconda la corrupción detrás de convenios y discursos.

El caso de Evangelina López Guzmán, de 95 años, se ha convertido en un ejemplo alarmante de cómo la corrupción y la colusión dentro del Poder Judicial pueden vulnerar a los más desprotegidos. Tras más de 12 años de litigio, Evangelina ha enfrentado obstáculos sistemáticos que han favorecido al empresario juarense Miguel Zaragoza Fuentes, quien se ha negado a cubrir alimentos y derechos que corresponden a su expareja.

El patrimonio en disputa se construyó dentro de un matrimonio que data de 1959, y sin embargo, mediante actos irregulares y maniobras judiciales, Evangelina ha sido despojada de los bienes que legítimamente le pertenecen.

En el centro de este entramado aparece Angélica Joselyn Lazos Mares, titular de Gestión Judicial Civil y Familiar del Poder Judicial de Chihuahua, quien en repetidas ocasiones ha evitado cumplir resoluciones del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México, dentro de un juicio de amparo que ordenaba medidas como el bloqueo de cuentas bancarias para proteger el patrimonio de Evangelina López Guzmán.

La actuación de Lazos Mares ha sido señalada como un ejemplo de violencia institucional, pues ha negado el acceso a la justicia a una mujer en situación de vulnerabilidad por su avanzada edad y condiciones de salud.

A esta red de complicidades se suman perfiles de alto nivel judicial: Filiberto Terrazas, magistrado y ex consejero, y Emanuel Chávez, actual encargado de la sala de Terrazas y magistrado electo. Ambos, junto con Lazos Mares, actúan en contubernio para retrasar procesos legales, favoreciendo de manera corrupta a Miguel Zaragoza Fuentes y permitiendo que continúe la dilapidación del patrimonio común.

Diversas voces han denunciado que este caso refleja cómo la mafia judicial protege a intereses económicos y políticos por encima de los derechos fundamentales. La colusión entre funcionarios judiciales, lejos de garantizar justicia, ha colocado a Evangelina López Guzmán en una posición de indefensión frente al poder de la dinastía Zaragoza.

De confirmarse plenamente estas irregularidades, el caso sería un golpe severo a la credibilidad del sistema judicial mexicano, mostrando cómo las instituciones pueden ser utilizadas para despojar del patrimonio a una mujer de 95 años tras una vida entera de esfuerzo.