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Con aval en comisiones, dictamen contra nepotismo y reelección consecutiva sigue su curso legislativo

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Con el voto a favor de todos los diputados de los partidos políticos, en sesión extraordinaria de las comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Política-Electoral, avanzó la reforma que prohíbe el nepotismo electoral y la reelección consecutiva, propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Pese a que los diputados del PAN votaron a favor, exigieron incluir en la discusión las iniciativas que han propuesto para acabar de fondo con el nepotismo político y gubernamental; en tanto, los partidos PRI y MC también exigieron cambios de fondo en la discusión, sobre todo demandaron incluir la no sobre representación en los congresos.

La Cámara de Diputados avaló por unanimidad con 38 votos a favor de la comisión de Puntos Constitucionales y 24 de la Comisión de Reforma Electoral, el dictamen que modifica la ley para prohibir el nepotismo electoral y la reelección consecutiva.

La reforma busca modificar los artículos 55, 59, 82, 115, 116 y 122 de la  Constitución, para establecer que la no reelección aplicará para las personas que hayan obtenido un cargo de elección popular, por lo que no podrán contender para el mismo cargo que están ejerciendo en un periodo inmediato posterior.

La prohibición de reelección de las personas servidoras públicas serían aplicables a partir de los procesos electorales, tanto federales como locales, a celebrarse en 2030.

En cuanto al nepotismo electoral, se propone como un requisito de idoneidad que las personas que busquen participar para un cargo de elección popular no tengan o hayan tenido en los últimos tres años anteriores al día de la elección, un vínculo de matrimonio, concubinato o relación de pareja.

Así como parentesco consanguíneo o civil en la línea recta sin limitación de grado, y en la línea colateral hasta el cuarto grado, o de afinidad hasta el segundo grado, con la persona que ocupa el cargo por el cual participarán. Dichas disposiciones serán aplicables a partir de los procesos electorales, tanto federales como locales, a celebrarse en 2030.

Al inicio de la sesión la diputada Paulina Rubio solicitó ante ambas comisiones considerar dentro del dictamen las iniciativas que el PAN presentó antes de esta reforma la del 2022 y desechada en el 2023, que era sobre el nepotismo, así también la actual presentada el día 16 de octubre de 2024 y que se encuentra alojada en la gaceta parlamentaria, de la misma manera la que presentó el PAN como grupo parlamentario en el mes de febrero de este año firmada por el coordinador Elías Lixa.

Durante las rondas de participación, la diputada Noemí Luna Ayala del PAN reconoció el interés de la jefa del Ejecutivo para erradicar este problema tan grave que aqueja a los tres Poderes de la Unión y a los tres órdenes de gobierno, como es el nepotismo, aunque esta se queda corta.

“Tenemos la oportunidad para hacerlo en serio, porque como lo han dicho ya asociaciones civiles la iniciativa de la presidenta se limita a la sucesión directa en el cargo, pero deja intacta las redes familiares en el poder más que una solución real es una medida discursiva sin impacto realmente en la corrupción”.

Señaló que el PAN propone ampliar el catálogo en donde no pueda postularse a la presidencia de la República ningún pariente directo del presidente en turno hasta que hayan pasado al menos 10 años.

“’Es el reto Andy’ que no permitamos que sean familia las que sigan empoderarse como si esta nación fuera una monarquía y no una democracia”, sostuvo.

En cuanto a Movimiento Ciudadano habló Iraís Reyes, recordó que el voto será a favor de la reforma en lo general, ante la importancia de dignificar la actividad política a través del principio ético de que los cargos no se hereden, para contribuir a restaurar la confianza de la ciudadanía en sus representantes y en la política.

Dijo que la minuta del Senado contraviene la propuesta de la Presidenta y toma como entrada en vigor el 2030, esto luego de que Adán Augusto López y Manuel Velasco, junto al PRI modificaron la propuesta original de la Presidenta para que la ley entrara en vigor en 2027.

“Yo les pregunto compañeros, especialmente de Morena, si están en contra del nepotismo, más allá del discurso, por qué no respaldan la propuesta de la presidenta en sus términos originales para que nos aplique desde ya, desde el 2027”.

La diputada Gabriela Jiménez Godoy, de Morena, advirtió que defenderán la reforma que envió la presidenta y que tras llegar acuerdos con diferentes grupos parlamentarios, no van a regresar el dictamen al Senado, porque no cuentan con los votos y con los números suficientes para que pueda hacerse realidad el cambio, “le digo a la presidenta a Claudia Sheinbaum que la apoyamos que la respaldamos”.

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Nacional

La CNDH abrirá una indagatoria sobre la violencia ejercida durante la protesta por la escasez de agua en Jalisco; Sheinbaum exige determinar «quién ordenó» el operativo

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La Comisión Nacional de Derechos Humanos(CNDH)informó queatraerá la investigaciónsobre lasviolaciones a derechos humanosdurante la manifestación por el acceso alaguapotable, que se realizó el 11 de octubre pasado en Guadalajara,Jalisco, que dejó un saldo de al menos 40 personas detenidas de forma abitraria.

En un comunciado, el organismo detalló que busca esclarecer las presuntas acciones de represión atribuidas a elementos de la Secretaría de Seguridad estatal.

“La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ejerce su facultad de atracción para investigar los hechos ocurridos el pasado 11 de octubre en Guadalajara, Jalisco, en los que personas defensoras de derechos humanos y activistas se manifestaban por el derecho al agua potable y habrían sido víctimas de actos de represión”, se lee en el documento.

Señaló que su intervención busca garantizar unaindagatoria expedita, imparcial y con perspectiva de derechos humanos. También pidió a las autoridades de Jaliscoinvestigar las detenciones y las presuntas agresiones, además de sancionar a quienes resulten responsables.

“Este organismo nacional hace un respetuoso pero enérgico llamado a las autoridades estatales para que investiguen lo sucedido, esclarezcan las circunstancias en que ocurrieron las detenciones y las presuntas agresiones, y castiguen a los responsables”.

El organismo nacional solicitó que las autoridades estatales adopten medidas para impedir el uso arbitrario o desproporcionado de la fuerza contra quienes participen en protestas.

La CNDH sostuvo queha seguido los hechos desde que ocurrieron,ante el riesgo de que estas prácticas se repitan o se normalicen.

“La CNDH ha dado seguimiento a estos acontecimientos desde el primer momento, alertada por la posibilidad de que estas prácticas represivas se repitan y se normalicen”, agregó.

De acuerdo con el comunicado, entre las personas que se encontraban en la movilizaciónhabía niñas, niños, adolescentes y adultos mayores, además de que hay reportes sobre personas lesionadas, presuntas detenciones arbitrarias, malos tratos e incomunicación de personas detenidas.

“Preocupa grandemente a este organismo nacional que, de acuerdo con la información difundida, se encontraban niñas, niños y adolescentes, así como personas adultas mayores ejerciendo su libre derecho a la manifestación pacífica”, puntualizó.

Afirmó que la protesta social forma parte del ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, por lo que no debe provocar represalias ni actuaciones arbitrarias de las autoridades.

“La protesta social constituye una expresión legítima del ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación”.

El organismo sostiene que ninguna autoridad puede usar sus atribuciones para impedir mediante violencia o uso de la fuerza el ejercicio de derechos fundamentales. Para ello cita la Recomendación General 46/2022, emitida sobre episodios históricos de represión del Estado y garantías de no repetición.

“Ninguna autoridad puede utilizar sus atribuciones para impedir, mediante la violencia o el uso de la fuerza, el ejercicio de derechos fundamentales como los que en estos hechos se presumen violentados”.

Destacó que entró en comunicación con laComisión Estatal de Derechos Humanos Jaliscopara coordinar las acciones posteriores a la atracción del caso y desplegó personal de su Oficina Regional en Jalisco y de la Quinta Visitaduría General para atender directamente a las personas afectadas.

“Hemos desplegado ya personal de la Oficina Regional en Jalisco, así como de la Quinta Visitaduría General, con la finalidad de atender directamente a las personas que fueron afectadas de manera física y vulneradas en sus derechos más elementales”.

La CEDHJ, por su parte, emitió dos medidas cautelares a partir del acta de investigación 41/2026. Una fue dirigida a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas para brindar acompañamiento a manifestantes detenidos, sus familias y elementos policiales heridos durante el enfrentamiento.

“Se implementen acciones para brindar acompañamiento integral a las personas manifestantes detenidas y a sus familiares”.

La segunda medida cautelar fue dirigida a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno de Jalisco. La Comisión estatal pide acciones que garanticen la integridad jurídica y la libre manifestación en los hechos derivados de la protesta del 11 de octubre.

“Se implementen acciones que garanticen la integridad jurídica y la libre manifestación en todos los sucesos que se deriven de los hechos ocurridos el 11 de octubre de 2026”.

Sheinbaum pide investigar quién dio la orden

La presidentaClaudia Sheinbaumreveló que le pidió a la CNDH realizar una investigación profunda sobre los hechos ocurridos en Jalisco, al sostener que no puede permitirse la tortura ni la represión por parte de fuerzas de seguridad.

“No puede permitirse lo que ocurrió en Jalisco y lo que denuncias hoy”, dijo en su conferencia mañanera en Palacio Nacional.

Tras ser cuestionada un día antes sobre las denuncias relacionadas con Jalisco, indicó que le solicitó a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, un informe sobre los acusaciones por el uso de chorros de agua, gases lacrimógenos y de tortura contra jóvenes en la marcha.

En este sentido, precisó que también pide que la CNDH entreviste a las víctimas y determine cómo ocurrieron los hechos e identifique quién dio la orden y con ello, se determinen responsabilidades.

““No puede permitirse lo que ocurrió en Jalisco y lo que denuncias hoy. Además de el uso de chorros de agua, de gases lacrimógenos, el tema de la tortura a los jóvenes es algo que tiene que desaparecer en nuestro país. No puede ser que una fuerza del orden torture a ninguna persona y menos en una detención.

“Pues tanto en el caso de Jalisco, ayer le pedí a la secretaria de Gobernación, tiene que hacer una investigación muy profunda la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Quién dio la orden? ¿Por qué, eh…? Que entreviste a las víctimas y que haya responsables. ¿Cómo es posible que en el 2026 siga habiendo tortura de policías a jóvenes? ”, puntualizó.

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Justicia

CAMPAÑA CONTRA MONTE DE PIEDAD ABRE DEBATE SOBRE LA ÉTICA EN LA COMPETENCIA PRENDARIA

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CAMPAÑA CONTRA MONTE DE PIEDAD ABRE DEBATE SOBRE LA ÉTICA EN LA COMPETENCIA PRENDARIA

La reapertura de Nacional Monte de Piedad, después de varios meses de inactividad, ha provocado algo más que el regreso de miles de clientes a sus sucursales. También ha puesto en evidencia una competencia publicitaria en la que algunas instituciones parecen haber encontrado en las dificultades ajenas una oportunidad para hacerse notar.

Es el caso de Fundación Dondé, que en los últimos días ha difundido una campaña construida alrededor de indirectas, mensajes de desconfianza y comparaciones con relaciones sentimentales. Expresiones como “te miente y te sigue cobrando” y referencias a alguien que desapareció durante un año forman parte de una estrategia que, aunque no menciona directamente a Nacional Monte de Piedad, coincide con su regreso a las actividades.

La coincidencia difícilmente pasa inadvertida. Los mensajes parecen aprovechar el periodo de cierre que enfrentó la institución para presentar su reapertura como el regreso de alguien que abandonó a quienes confiaban en él.

La publicidad puede ser provocadora y utilizar el humor como recurso para conectar con el público. Sin embargo, cuando ese humor se construye a partir de insinuaciones sobre supuestos engaños o abusos de otra institución, surge una discusión que tiene menos que ver con la creatividad y mucho más con la responsabilidad de quien comunica.

El cierre de Nacional Monte de Piedad fue consecuencia de un conflicto laboral que afectó a trabajadores, clientes y a la propia institución. Para muchas familias significó meses de incertidumbre sobre sus prendas y operaciones pendientes. Convertir esa situación en un recurso comercial plantea dudas sobre la sensibilidad con la que algunas organizaciones entienden su papel frente a la sociedad.

La discusión adquiere mayor relevancia porque no se trata de empresas comunes. Tanto Nacional Monte de Piedad como Fundación Dondé son instituciones de asistencia privada que desarrollan sus actividades bajo un marco de responsabilidad social.

Su naturaleza institucional supone una vocación de servicio que debería reflejarse también en la manera en que se relacionan con sus competidores. La solidaridad, el respeto y la confianza difícilmente pueden limitarse al discurso institucional mientras la publicidad recurre a mensajes que buscan desacreditar a otros participantes.

Desde luego, competir es legítimo. También lo es aprovechar las oportunidades que ofrece un mercado en movimiento. Lo cuestionable aparece cuando una campaña deja de hablar de sus propias fortalezas para concentrarse en las dificultades de otra institución, recurriendo a insinuaciones que no necesariamente se encuentran respaldadas por hechos comprobables.

La reapertura de Nacional Monte de Piedad representa un momento importante para el sector prendario. La competencia podría traducirse en mejores servicios, mayor cercanía con los clientes y un esfuerzo compartido por fortalecer la confianza.

Sin embargo, llevar esa competencia al terreno de las descalificaciones indirectas envía una señal poco congruente con la responsabilidad social que estas instituciones dicen representar.

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Economía

Secretaría de Hacienda reduce su estimación de crecimiento económico a un rango de 1.5 a 2.5% para 2027: ¿Cuáles son sus fundamentos?

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La economía de México crecerá entre 1.5 y 2.5 por ciento en 2027, indicóÉdgar Amador, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)en el marco de la entrega delPaquete Económico 2027 en San Lázaro.

“México enfrenta un entorno internacional complejo, el entorno global ha estado marcado por mayores precios de los energéticos que han elevado a las presiones inflacionarias y generado revisiones a la baja en los perspectivas de crecimiento de algunas economías. Sin embargo,México ha mantenido una inflación establey ha continuado creciendo. En el segundo trimestre de 2026, el PIB creció 1.9 por ciento anual con cifras desestacionalizadas y registró su mayor avance trimesteral desde el primer trimestre de 2022. Con esta base sólida, se estima que la economía mexicana crecerá entre 1.5 y 2.5 por ciento en términos reales durante 2027″, indicó el Secretario de Hacienda.

Este documento fue presentado en elCongreso de la Uniónen uncontexto de desaceleración económica, ingresos con escaso crecimiento y cada vez mayor presión sobre las finanzas públicas. En abril, la SHCP había estimado que para 2027 el crecimiento de México sería de entre 1.9 y 2.9 por ciento.

“Para 2027 seguiremos con la ruta de consolidación fiscal. Se proyecta un déficit de de 3.9 por ciento del PIB, cifra consitente con una politica fiscal sostenible”, explicó.

No te dé pena la cruda: Bares aportan 3 mil 800 mdd al año a la economía mexicana

De acuerdo con el Paquete Económico 2027, los ingresos tributarios alcanzarán un máximo histórico de 15.9 por ciento del PIB, sin crear nuevos impuestos.

“Este resultado se apoyará en una mayor eficiencia recaudatoria, el combate a la evasión, la elusión y las empresas que facturan operaciones simuladas. Con ello, el Estado contará con mayores recursos para financiar bienestar, infraestructura y desarrollo productivo”, subrayó la secretaría en uncomunicado.

Edgar Amador recordó que es el tercer paquete que se entrega bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinba Pardo y afirmó que refleja la ruta que el gobierno de México seguirá para conducir la política económica durante el próximo año.

“Ruta que parte de una distinción fundamental del proyecto de nación que hemos construido desde el inicio de la cuarta transformación. Los recursos públicos deben estar al servicio de la gente y del desarrollo del país”, indicó.

El funcionario federal recordó que entre 2018 y 2024, 13.4 millones de personas salieron de la pobreza.

“Por eso el gasto público tiene una doble responsabilidad. Construir bienestar hoy y elevar la capacidad para crecer mañana. Esto significa seguir fortaleciendo el acceso efectivo a derechos como la salud, la educación y la vivienda. Significa también reducir las desigualdades que durante décadas habían limitado el desarrollo de millones de personas y regiones del país”, añadió.

Hacienda busca impulsar inversiones en el país

Edgar Amador remacró que laadministración de Claudia Sheinbaumtiene el objetivo de potenciar el crecimiento de México.

“Para lograrlo continuaremos incrementando la inversión en infraestructura a través del despliegue de una agenda amplia de inversión pública en sectores estratégicos como energía, transporte, logística, salud, agua y educación. (…) Nuestra visión del papel del Estado en el desarrollo económico es un Estado que orienta, pero que también impulsa y que genera las condiciones para que el desarrollo llegue a todos”, señaló.

La SHCP detalló que el Plan México será “uno de los principales motores de esta estrategia”. Indicó que a través de incentivos y desarrollo de proveedores, se buscará movilizar inversión privada, aumentar el contenido nacional de la producción, fortalecer las cadenas de suministro y generar empleos de mayor valor agregado.

“Entre 2026 y 2030, la inversión pública y mixta alcanzará 5.7 billones de pesos en infraestructura para energía, agua y transporte, así como de financiamiento”, apuntó la dependencia.

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