La economía de México crecerá entre 1.5 y 2.5 por ciento en 2027, indicóÉdgar Amador, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)en el marco de la entrega delPaquete Económico 2027 en San Lázaro.

“México enfrenta un entorno internacional complejo, el entorno global ha estado marcado por mayores precios de los energéticos que han elevado a las presiones inflacionarias y generado revisiones a la baja en los perspectivas de crecimiento de algunas economías. Sin embargo,México ha mantenido una inflación establey ha continuado creciendo. En el segundo trimestre de 2026, el PIB creció 1.9 por ciento anual con cifras desestacionalizadas y registró su mayor avance trimesteral desde el primer trimestre de 2022. Con esta base sólida, se estima que la economía mexicana crecerá entre 1.5 y 2.5 por ciento en términos reales durante 2027″, indicó el Secretario de Hacienda.

Este documento fue presentado en elCongreso de la Uniónen uncontexto de desaceleración económica, ingresos con escaso crecimiento y cada vez mayor presión sobre las finanzas públicas. En abril, la SHCP había estimado que para 2027 el crecimiento de México sería de entre 1.9 y 2.9 por ciento.

“Para 2027 seguiremos con la ruta de consolidación fiscal. Se proyecta un déficit de de 3.9 por ciento del PIB, cifra consitente con una politica fiscal sostenible”, explicó.

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De acuerdo con el Paquete Económico 2027, los ingresos tributarios alcanzarán un máximo histórico de 15.9 por ciento del PIB, sin crear nuevos impuestos.

“Este resultado se apoyará en una mayor eficiencia recaudatoria, el combate a la evasión, la elusión y las empresas que facturan operaciones simuladas. Con ello, el Estado contará con mayores recursos para financiar bienestar, infraestructura y desarrollo productivo”, subrayó la secretaría en uncomunicado.

Edgar Amador recordó que es el tercer paquete que se entrega bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinba Pardo y afirmó que refleja la ruta que el gobierno de México seguirá para conducir la política económica durante el próximo año.

“Ruta que parte de una distinción fundamental del proyecto de nación que hemos construido desde el inicio de la cuarta transformación. Los recursos públicos deben estar al servicio de la gente y del desarrollo del país”, indicó.

El funcionario federal recordó que entre 2018 y 2024, 13.4 millones de personas salieron de la pobreza.

“Por eso el gasto público tiene una doble responsabilidad. Construir bienestar hoy y elevar la capacidad para crecer mañana. Esto significa seguir fortaleciendo el acceso efectivo a derechos como la salud, la educación y la vivienda. Significa también reducir las desigualdades que durante décadas habían limitado el desarrollo de millones de personas y regiones del país”, añadió.

Hacienda busca impulsar inversiones en el país

Edgar Amador remacró que laadministración de Claudia Sheinbaumtiene el objetivo de potenciar el crecimiento de México.

“Para lograrlo continuaremos incrementando la inversión en infraestructura a través del despliegue de una agenda amplia de inversión pública en sectores estratégicos como energía, transporte, logística, salud, agua y educación. (…) Nuestra visión del papel del Estado en el desarrollo económico es un Estado que orienta, pero que también impulsa y que genera las condiciones para que el desarrollo llegue a todos”, señaló.

La SHCP detalló que el Plan México será “uno de los principales motores de esta estrategia”. Indicó que a través de incentivos y desarrollo de proveedores, se buscará movilizar inversión privada, aumentar el contenido nacional de la producción, fortalecer las cadenas de suministro y generar empleos de mayor valor agregado.

“Entre 2026 y 2030, la inversión pública y mixta alcanzará 5.7 billones de pesos en infraestructura para energía, agua y transporte, así como de financiamiento”, apuntó la dependencia.

La Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua pierde sustento para mantener una orden de captura emitida desde el fuero local contra el empresario.

El caso penal relacionado con la reestructura de la deuda pública de Chihuahua registró un nuevo giro judicial: una jueza federal concedió el amparo a José Pedro López Elías y ordenó al Juez de Control del Distrito Judicial Morelos dejar sin efectos la orden de aprehensión emitida en su contra dentro de la causa penal 3050/2024.

La determinación de la Jueza Décimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Madhay Soto Morales, parte de una conclusión central: la autoridad local que libró la orden no tenía competencia para hacerlo, pues los recursos involucrados en los hechos investigados son de naturaleza federal.

La sentencia fue emitida el 18 de agosto y notificada el 28 de agosto.

El expediente se originó por pagos de 98.6 millones de pesos al despacho López Elías Finanzas Públicas, S.C., durante la administración de Javier Corral Jurado, por servicios de asesoría en la reestructura y refinanciamiento de la deuda estatal.

La Auditoría Superior del Estado cuestionó la contratación y sus resultados.

Posteriormente, la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, encabezada por Abelardo Valenzuela Holguín, sostuvo que existían elementos para investigar un posible peculado.

La Fiscalía ha mantenido que se trató de un posible daño al erario estatal y que Chihuahua debía conservar la conducción de la investigación.

Bajo esa hipótesis se integró la causa 3050/2024, que involucró al exgobernador Javier Corral, al exsecretario de Hacienda Arturo Fuentes Vélez y a López Elías, identificado en la indagatoria como presunto partícipe externo.

La defensa de los señalados ha sostenido una versión distinta: que el despacho sí realizó el trabajo contratado, que existe documentación técnica que acredita las gestiones efectuadas y que los recursos utilizados procedían de participaciones federales.

Para la defensa, el caso debió ser conocido desde el inicio por autoridades federales.

La discusión sobre competencia alcanzó un punto decisivo en enero de 2026.

El Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito resolvió el conflicto competencial 20/2025 y determinó que la causa relacionada con Corral debía ser conocida por un juez penal federal.

El criterio se sustentó en que los recursos materia del caso conservaban naturaleza federal, aun cuando hubieran sido transferidos al estado.

Esa resolución fue el fundamento determinante del amparo concedido a López Elías.

La jueza federal consideró que, aunque el conflicto competencial se había promovido originalmente respecto de Corral, López Elías es coimputado en la misma causa y por los mismos hechos y recursos.

Por ello concluyó que el juez local tampoco era competente para emitir la orden de aprehensión contra el empresario.

La sentencia ordena tres actos concretos: dejar sin efectos la orden de aprehensión dictada el 18 de enero de 2025; emitir una nueva determinación en la que el juez local analice primero su competencia; y, a la luz del criterio federal, determine que no puede resolver la solicitud de captura.

La resolución no analiza ni decide si López Elías es responsable o inocente de los hechos imputados; se pronuncia exclusivamente sobre la legalidad constitucional de la orden y la competencia de la autoridad que la emitió.

La propia sentencia establece que su ejecución debe esperar a que transcurra el plazo para la eventual interposición de un recurso de revisión.

Por ello, el hecho debe presentarse como una orden judicial de invalidación concedida en amparo, no como una exoneración definitiva ni como el cierre total de la investigación.

El efecto institucional es relevante: la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua pierde sustento para mantener una orden de captura emitida desde el fuero local contra López Elías y se fortalece el criterio de que el caso debe ser revisado en jurisdicción federal.

La controversia de fondo permanece abierta y corresponderá a las autoridades federales determinar si existió delito y, en su caso, responsabilidades.

Las autoridades investigan su posible participación en una agresión con arma de fuego contra un elemento de la Fiscalía estatal ocurrida en septiembre de 2025.

Oswaldo Rafael “N”, alias “Baldo”, fue detenido en Colima como parte de una operación conjunta de inteligencia, informó la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad. Las autoridades lo identifican comopresunto operador regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)y presunto generador de violencia en el municipio de Cuauhtémoc.

El detenido estaría vinculado a lasextorsiones contra ganaderos en el municipio colimense,además de ser investigado por su posible participación en diversos delitos de alto impacto y hechos violentos registrados en la entidad.

En la operación participaronelementos de la Secretaría de Marina (Semar),a través de Inteligencia Naval y de la Unidad de Operaciones Especiales (Unopes); de la Fiscalía General de la República (FGR), mediante la Agencia de Investigación Criminal (AIC); así como de las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana de Colima y del Gobierno de México.

De acuerdo con la información oficial, la ubicación de “Baldo” fueestablecida a partir del intercambio y análisis de informaciónentre las instituciones participantes. La detención se realizó demanera controlada y sin resistencia, según las autoridades.

Imagen: Captura de pantalla

El sujeto también es investigado por laagresión con arma de fuego contra un elemento de la Fiscalía General del Estadoel 24 de septiembre de 2025.

Tras la detención, las autoridadesllamaron a ganaderos y habitantes de Cuauhtémocque hayan sido víctimas de extorsión, amenazas u otras conductas delictivas presuntamente relacionadas con el detenidoa presentar las denuncias correspondientes.

La información que aporten las posibles víctimas, señalaron, podría contribuir a las investigaciones y adeterminar si existen otros participanteso si “Baldo” tiene relación con otros hechos delictivos.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Colima, el teniente Ricardo Fabián Gómez Calcáneo, destacó la coordinación entre las instituciones que participaron en la operación y señaló que el objetivo de las labores de inteligencia esidentificar y detener a personas señaladas como generadoras de violencia.

“En Colima la inteligencia tiene un objetivo: identificar a quienes generan violencia, ubicarlos, detenerlos y llevarlos ante la justicia; este resultadodemuestra lo que podemos lograr cuando existe coordinación efectivaentre el Gobierno del Estado de Colima, la Secretaría de Marina, las Fiscalías y las instituciones federales de seguridad”, señaló.

Gómez Calcáneo tambiénreconoció la participación de Inteligencia Naval y de la Unopesde la Secretaría de Marina, así como de la AIC de la FGR y de las instituciones estatales y federales que intervinieron en la operación.