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Pemex ha pagado 60% de su deuda con pymes, afirma Canacintra

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La deuda que tiene Petróleos Mexicanos (Pemex) con sus proveedores ha reducido en 60%, en especial se ha atendido a los pequeños y medianos empresarios, lo que incentiva a hacer nuevos contratos para este año y el próximo, afirmó Esperanza Ortega, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra).

Aun cuando existía el compromiso de que el pago a proveedores de Pemex concluiría durante el primer trimestre del 2025, la dirigente empresarial comentó que el avance ha sido rápido, pero existen adeudos con varios proveedores que son cantidades millonarias a lo largo de un periodo de dos años acumulados.

“No podemos echar las campanas al vuelo, pero ya se está avanzando con el pago y que los empresarios puedan financiarse” agregó.

En entrevista, la presidenta de la Canacintra –organismo que aglutina a diversas industrias y sectores que tiene contratos con Pemex, al proveerles desde un tornillo hasta servicios– comentó: “podemos decir que ha bajado gradualmente y ya hay la posibilidad de hacer nuevos contratos para el 2025 y ya bueno, que pueda haber liquidez en las empresas”.

Reconoció que a diferencia del pasado hay avances con los procesos de pago, en donde está involucrado el director de Pemex, Víctor Rodríguez, y los industriales de todo el país, en especial de la Campeche, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas.

Al cuestionar sobre el monto de la deuda, la dirigente de los industriales de la transformación afirmó que “se fue engrosando y eran pagos de más de dos años, empresas a punto de quebrar. Pero ahí vamos, vamos saliendo adelante y pues tenemos buen trato de parte de Petróleos Mexicanos, se nos abren las puertas, atienden a mi vicepresidente con la problemática que lleva”.

Ortega también informó que tendrá una reunión en Petróleos Mexicanos para analizar de qué manera nosotros colaboramos y llevamos el tema, porque muchos no llevan los argumentos ni documentos completos.

Petróleos Mexicanos (Pemex) pagó a sus proveedores 147,000 millones de pesos (7,300 millones de dólares) y se comprometió a pagar 6,400 millones de dólares más.

No obstante, se presume que alrededor de 1,000 empresarios se encuentran en espera del pago de proveeduría desde hace ocho meses.

Sobre el avance que tienen en el pago, Esperanza Ortega afirmó: “vamos como en un 60%. En el caso de nosotros, todavía falta…, pues eran miles de millones de pesos, había empresas que le debían 2,000 millones (de pesos), empresas de contratos con 1,600 millones. Nooo, era muy, muy alto”.

Refirió que pese a ello representa un avance, porque hubo decenas de micro y pequeñas empresas en Tabasco que cerraron, debido a la dependencia con el sector petrolero.

“Tenemos empresas de bienes de capital, a ellos les debían. Tenemos la delegación de Ciudad del Carmen, la delegación de Tabasco. Pues yo creo que alrededor de 80 o 100 afiliados”, expuso.

La presidenta de Canacintra reconoció que existe incertidumbre y temor entre el empresariado por los montos que les adeuda Pemex, pero “es por seguridad, que no dicen. Y cuando hablan de los montos que son montos muy fuertes y que también hay financiamientos atrás de ellos para poder ir aguantando, pues con el tema de la inseguridad, prefieren no mencionar”.

La Cámara nacional no ha hecho el “recuento de los daños”, dijo, y afirmó que el vicepresidente del sector energético sigue revisando el tema y confió en que en los próximos días se defina el dato del valor de la cartera vencida.

Pese a la deuda, Ortega calificó como buena noticia el hecho de reanudar nuevos contratos con Pemex. “Ya hay participación para este 2025, están participando y esperemos que ya se pueda reanudar porque necesitamos seguir la explotación petrolera y además, es una parte fundamental de nuestro PIB nacional y hay que seguirle metiendo recursos”.

La columna vertebral son los micro, pequeño, medianos empresarios, que son es la cadena de valor que suministra al que tiene el gran contrato, precisó.

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Nacional

Desacato, abuso y fabricación de delitos: el saldo de Valenzuela en Chihuahua

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Juristas advierten que la conducta del fiscal podría derivar en sanciones federales, multas y hasta su destitución, sin que el Ejecutivo local actúe.

Un nuevo foco de tensión institucional se ha desatado entre la Fiscalía General de la República, a través de su recién nombrado Fiscal Especial en Investigación de Asuntos Relevantes, Ulises Lara López, y la Fiscalía Anticorrupción del estado de Chihuahua, encabezada por Abelardo Valenzuela Holguín.

    • La disputa se centra en la entrega de la carpeta de investigación vinculada a presuntos actos de corrupción contra el ex gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado.

Implicaciones legales y políticas: El choque entre ambas fiscalías no solo tiene aristas jurídicas, sino también políticas.

    • El affaire ha generado cuestionamientos sobre la independencia de las instituciones judiciales y la posible politización de las indagatorias.
    • Para algunos analistas, la reticencia del fiscal estatal de Chihuahua a entregar la carpeta podría derivar no solo de interpretaciones legales, sino también en hacerse acreedor a sanciones de alto impacto, que irían desde multas, arresto o incluso el riesgo de ser destituido de su encargo, por desacato judicial.
    • Las decisiones de los tribunales en relación con la atracción del caso deberán ser observadas con atención, pues podrían sentar precedentes sobre la coordinación y límites competenciales entre autoridades estatales y la Fiscalía General de la República en investigaciones por corrupción.
    • Pero también, en el foco de una administración panista cubierta de opacidad y despilfarro por parte de la gobernadora María Eugenia Campos Galván.
    • Al momento de esta publicación, la carpeta de investigación permanece bajo controversia entre la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua y la FGR, mientras se esperan resoluciones legales y posibles sanciones contra Valenzuela Holguín por desacato y un sin número de anomalías presentadas en la investigación de la Fiscalía de Chihuahua.

La disputa: Según fuentes del caso, radicadas en Chihuahua, un Tribunal Colegiado de Circuito otorgó la atracción de la carpeta de investigación.

    • La atracción implica que la Fiscalía General de la República tendría la facultad de asumir la investigación del expediente por posibles vicios y elementos que podrían comprometer la legalidad y objetividad de las actuaciones locales.
    • Ha sido reiterado en denuncias en medios de la CDMX la fabricación de testigos, la manipulación de testigos y acusaciones sin sustento de las que la Fiscalía a cargo de Valenzuela Holguín ha sido evidenciado.
    • Sin embargo, Abelardo Valenzuela Holguín se ha negado a entregar la carpeta, pasando por encima de autoridades Federales.

Contexto institucional: Recientemente, Ulises Lara López fue designado por la Fiscal General de la República, Ernestina Godoy Ramos, como Titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes de la FGR, lo que lo coloca como actor clave en la disputa por la atracción de la carpeta investigativa.

    • Este nombramiento es estratégico dentro de la FGR, pues tiene a su cargo la atención de casos de alta complejidad y relevancia nacional, así como la resolución de controversias competenciales entre fiscalías especializadas federales.
    • La posición a Valenzuela Holguín parece no importarle, ya que ha mostrado una cerrazón total, aun bajo al mandato judicial de la Federación.

Con información de Zone Free

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Nacional

Señalan a Fiscalía de Chihuahua por presiones indebidas para sostener caso político

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El empresario rechazó participar en lo que calificó como una fabricación de delitos.

El titular del despacho López Elías Finanzas Públicas, S.C., declaró que “desde la Fiscalía estatal (Anticorrupción) le han presionado para acusar al exgobernador Corral de algún delito a cambio de dejarle en paz”, publicó El País.

  • El despacho prestó los servicios para el refinanciamiento de la deuda pública entre 2019 y 2020 y su titular, José López Elías, fue acusado del delito de peculado, aunque no es ni ha sido servidor público, bajo el argumento de no haber realizado el servicio contratado con recursos federales a través de un fideicomiso.
  • “En octubre de 2024, un despacho de Chihuahua, a través de sus abogados, me dice que la Fiscalía me está ofreciendo que yo los apoyara, que me declarara testigo protegido y que declarara contra el exgobernador; me dijeron que les diera en un sobre mi declaración, porque ellos querían ver qué iba a decir en contra de él”, relató el empresario en una entrevista telefónica con el periodista Zedryk Raziel.
  • “Les dije: perdón, yo no tengo nada que declarar contra él, no lo conozco, no tengo tratos con él”, dijo.
  • López Elías dijo a El País que las autoridades de Chihuahua no le permiten comparecer al juicio a distancia.

“Me siguen presionando para que yo me presente ante el juez de control. En el fondo, lo que quieren es seguirme presionando para obligarme a declarar en contra de los exfuncionarios del Estado”, dijo López Elías al periódico.

  • El empresario se considera a sí mismo un “daño colateral” de la revancha política de Campos contra Corral, de acuerdo con el texto de Zedryk Raziel.
  • “Soy una piedra en el zapato. No les interesa que yo les aporte las pruebas, porque verían que no hay delito”, de acuerdo con el reportaje.

Por qué es importante: El reportaje de El País exhibe la componenda del gobierno de María Eugenia Campos Galván y autoridades como el fiscal Anticorrupción, Abelardo Valenzuela, en la persecución política y fabricación de un delito contra Javier Corral.

  • El empresario José López Elías, junto con el ex secretario de Hacienda, Arturo Fuentez Vélez y el ex gobernador Javier Corral, fueron acusados a partir de la manipulación de una auditoría practicada por la Auditoría Superior del Estado.
  • El Auditor, Héctor Acosta Félix, realizó una primera auditoría en el proceso de refinanciamiento de la deuda pública en 2019 y no encontró ninguna irregularidad, pero por consigna de la gobernadora Campos Galván, practicó una segunda en la que supuestamente detectó que no se prestó el servicio por parte del despacho, al que se le pagaron 98.6 millones de pesos.

Contexto: El reportaje de El País también excibe el desacato en el que incurre las autoridades de Chihuahua, después de que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, con residencia en Chihuahua, resolvió el conflicto competencial 20/2025, declarando la competencia del fuero federal para conocer del supuesto delito de peculado imputado a Javier Corral.

  • “El fiscal Anticorrupción de Chihuahua, Abelardo Valenzuela, ha adelantado que no remitirá la carpeta de investigación a la FGR porque, asegura, la resolución judicial no le obliga a ello”, publicó El País.
  • La defensa de Corral, encabezada por el abogado Javier Schütte, sostiene que la negativa de Valenzuela “es un desacato anunciado que podría tener consecuencias penales”.
  • “Nos parece que pudiera obedecer a que esos expedientes que se niega a enviar, lejos de contener pruebas sobre el supuesto delito imputado, son más bien las pruebas de la fabricación de la que son culpables los funcionarios de Chihuahua, las pruebas de los delitos que ellos cometieron”, dijo a Zedryk Raziel en una entrevista.

Con información de Zona Free

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Mercaderes del hambre: La CROC y el negocio criminal de los registros mínimos en el IMSS

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La voracidad de la dirigencia nacional de la CROC parece no tener límites ni escrúpulos. En una movida que ha sido calificada como «perversa» y «criminal» por expertos en seguridad social, Isaías González Cuevas está impulsando una reforma laboral que busca legalizar la mediocridad en la protección al trabajador. Bajo la falsa promesa de formalizar a más empleados, la CROC está promoviendo que las empresas utilicen registros mínimos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), una trampa mortal que vacía sistemáticamente los fondos de vivienda y las cuentas de ahorro para el retiro (Afores) de miles de familias.

Que no te confundan los discursos edulcorados de los delegados de Isaías: cuando la CROC habla de «registros mínimos», lo que realmente está diciendo es que quiere robarte tu derecho a una vivienda digna y a una atención médica de calidad. El acceso a la salud no puede ser un «mínimo» administrativo; debe ser total, eficiente y garantizado por la ley. Sin embargo, González Cuevas parece más preocupado por ser el interlocutor favorito de las cámaras empresariales que por asegurar que un trabajador enfermo reciba la atención que merece. Esta iniciativa representa un retroceso de cincuenta años en la lucha obrera mexicana, un regalo envenenado envuelto en papel de «modernidad» que solo beneficia a quienes buscan mano de obra barata, desechable y sumisa.

La protección laboral no debe ser, bajo ninguna circunstancia, objeto de trueque político. Al permitir o fomentar estos esquemas de cotización baja, la CROC se convierte en cómplice necesario de la evasión de responsabilidades de los patrones. El daño es sistémico y profundo: menos recaudación para el IMSS se traduce directamente en peores hospitales, falta de medicamentos y citas de especialidad postergadas por meses. Isaías González Cuevas ha olvidado, convenientemente, que su cargo existe para proteger al débil frente al fuerte, no para servir de alfombra roja para que el fuerte abuse con el sello de aprobación del sindicato. El trabajador debe entender que cada peso que la CROC acepta «simplificar» hoy, es una quimioterapia que faltará mañana o un techo que no podrá pagar para sus hijos. La dignidad laboral no tiene precio, y quienes intentan ponerle etiqueta desde un escritorio de lujo deben ser señalados como los mercaderes del hambre que son.

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