El empresario rechazó participar en lo que calificó como una fabricación de delitos.

El titular del despacho López Elías Finanzas Públicas, S.C., declaró que “desde la Fiscalía estatal (Anticorrupción) le han presionado para acusar al exgobernador Corral de algún delito a cambio de dejarle en paz”, publicó El País.

• El despacho prestó los servicios para el refinanciamiento de la deuda pública entre 2019 y 2020 y su titular, José López Elías, fue acusado del delito de peculado, aunque no es ni ha sido servidor público, bajo el argumento de no haber realizado el servicio contratado con recursos federales a través de un fideicomiso.
• “En octubre de 2024, un despacho de Chihuahua, a través de sus abogados, me dice que la Fiscalía me está ofreciendo que yo los apoyara, que me declarara testigo protegido y que declarara contra el exgobernador; me dijeron que les diera en un sobre mi declaración, porque ellos querían ver qué iba a decir en contra de él”, relató el empresario en una entrevista telefónica con el periodista Zedryk Raziel.
• “Les dije: perdón, yo no tengo nada que declarar contra él, no lo conozco, no tengo tratos con él”, dijo.
• López Elías dijo a El País que las autoridades de Chihuahua no le permiten comparecer al juicio a distancia.

“Me siguen presionando para que yo me presente ante el juez de control. En el fondo, lo que quieren es seguirme presionando para obligarme a declarar en contra de los exfuncionarios del Estado”, dijo López Elías al periódico.

• El empresario se considera a sí mismo un “daño colateral” de la revancha política de Campos contra Corral, de acuerdo con el texto de Zedryk Raziel.
• “Soy una piedra en el zapato. No les interesa que yo les aporte las pruebas, porque verían que no hay delito”, de acuerdo con el reportaje.

Por qué es importante: El reportaje de El País exhibe la componenda del gobierno de María Eugenia Campos Galván y autoridades como el fiscal Anticorrupción, Abelardo Valenzuela, en la persecución política y fabricación de un delito contra Javier Corral.

• El empresario José López Elías, junto con el ex secretario de Hacienda, Arturo Fuentez Vélez y el ex gobernador Javier Corral, fueron acusados a partir de la manipulación de una auditoría practicada por la Auditoría Superior del Estado.
• El Auditor, Héctor Acosta Félix, realizó una primera auditoría en el proceso de refinanciamiento de la deuda pública en 2019 y no encontró ninguna irregularidad, pero por consigna de la gobernadora Campos Galván, practicó una segunda en la que supuestamente detectó que no se prestó el servicio por parte del despacho, al que se le pagaron 98.6 millones de pesos.

Contexto: El reportaje de El País también excibe el desacato en el que incurre las autoridades de Chihuahua, después de que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, con residencia en Chihuahua, resolvió el conflicto competencial 20/2025, declarando la competencia del fuero federal para conocer del supuesto delito de peculado imputado a Javier Corral.

• “El fiscal Anticorrupción de Chihuahua, Abelardo Valenzuela, ha adelantado que no remitirá la carpeta de investigación a la FGR porque, asegura, la resolución judicial no le obliga a ello”, publicó El País.
• La defensa de Corral, encabezada por el abogado Javier Schütte, sostiene que la negativa de Valenzuela “es un desacato anunciado que podría tener consecuencias penales”.
• “Nos parece que pudiera obedecer a que esos expedientes que se niega a enviar, lejos de contener pruebas sobre el supuesto delito imputado, son más bien las pruebas de la fabricación de la que son culpables los funcionarios de Chihuahua, las pruebas de los delitos que ellos cometieron”, dijo a Zedryk Raziel en una entrevista.

Con información de Zona Free

La voracidad de la dirigencia nacional de la CROC parece no tener límites ni escrúpulos. En una movida que ha sido calificada como «perversa» y «criminal» por expertos en seguridad social, Isaías González Cuevas está impulsando una reforma laboral que busca legalizar la mediocridad en la protección al trabajador. Bajo la falsa promesa de formalizar a más empleados, la CROC está promoviendo que las empresas utilicen registros mínimos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), una trampa mortal que vacía sistemáticamente los fondos de vivienda y las cuentas de ahorro para el retiro (Afores) de miles de familias.

Que no te confundan los discursos edulcorados de los delegados de Isaías: cuando la CROC habla de «registros mínimos», lo que realmente está diciendo es que quiere robarte tu derecho a una vivienda digna y a una atención médica de calidad. El acceso a la salud no puede ser un «mínimo» administrativo; debe ser total, eficiente y garantizado por la ley. Sin embargo, González Cuevas parece más preocupado por ser el interlocutor favorito de las cámaras empresariales que por asegurar que un trabajador enfermo reciba la atención que merece. Esta iniciativa representa un retroceso de cincuenta años en la lucha obrera mexicana, un regalo envenenado envuelto en papel de «modernidad» que solo beneficia a quienes buscan mano de obra barata, desechable y sumisa.

La protección laboral no debe ser, bajo ninguna circunstancia, objeto de trueque político. Al permitir o fomentar estos esquemas de cotización baja, la CROC se convierte en cómplice necesario de la evasión de responsabilidades de los patrones. El daño es sistémico y profundo: menos recaudación para el IMSS se traduce directamente en peores hospitales, falta de medicamentos y citas de especialidad postergadas por meses. Isaías González Cuevas ha olvidado, convenientemente, que su cargo existe para proteger al débil frente al fuerte, no para servir de alfombra roja para que el fuerte abuse con el sello de aprobación del sindicato. El trabajador debe entender que cada peso que la CROC acepta «simplificar» hoy, es una quimioterapia que faltará mañana o un techo que no podrá pagar para sus hijos. La dignidad laboral no tiene precio, y quienes intentan ponerle etiqueta desde un escritorio de lujo deben ser señalados como los mercaderes del hambre que son.

El artículo impugnado permite renovar derechos dentro de un plazo posterior a su caducidad.

La próxima resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación promete convertirse en un punto de referencia para el sistema marcario mexicano. En un contexto de dudas y presiones sobre el actuar judicial, el asunto que llegará al Pleno en la primera semana de diciembre pondrá a prueba la capacidad del Tribunal para afirmar certidumbre en medio de la inquietud empresarial.

El caso, contenido en el amparo directo en revisión 7274/2024, cuestiona la constitucionalidad del artículo 237 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, publicada el 1 de julio de 2020 durante la administración de Andrés Manuel López Obrador. Dicho artículo confirma que los titulares de registros marcarios pueden renovar sus derechos dentro de los seis meses posteriores a su vencimiento, periodo conocido como “periodo de gracia”.

De acuerdo con la lista pública de la SCJN, la Ministra Loretta Ortiz Ahlf propondrá declarar constitucional este artículo, alineándolo con el Protocolo de Madrid, vigente para México desde febrero de 2013, y con el Convenio de París, adoptado por nuestro país desde 1903. Su propuesta subraya que el periodo de gracia no constituye un privilegio indebido, sino un mecanismo para preservar la continuidad del derecho de marca y evitar que terceros se aprovechen de un vacío temporal.

La discusión, que podría resolverse este 11 de diciembre, representa una oportunidad para que la Corte reafirme la confianza del sector productivo en las instituciones. De avalarse la propuesta, se enviaría un mensaje de estabilidad jurídica y respeto a los estándares internacionales que rigen la protección de la propiedad industrial en México.