La nota de Xpectro FM documenta el enriquecimiento desmedido y las prácticas opacas de un dirigente que lleva años confundiendo el sindicato con su patrimonio.

Según la investigación publicada por Xpectro FM, Arturo Zayún ha usado su posición al frente del sindicato del Monte de Piedad para construir una red de poder y privilegios personales. Desde hace más de veinte años, ha acumulado propiedades millonarias, manejado recursos en efectivo y realizado operaciones que contradicen cualquier estándar de transparencia. Entre 2012 y 2025, adquirió seis inmuebles valuados en más de 70 millones de pesos, aunque en documentos oficiales apenas aparecen como operaciones por 13 millones.

El informe revela además que el Centro Deportivo y Social Monte de Piedad, propiedad del sindicato, se alquila para fiestas privadas, cobrando en efectivo y sin dejar rastro contable. Los trabajadores, que pagan puntualmente sus cuotas, desconocen a dónde va el dinero. Lo único claro es que la administración de Zayún opera sin supervisión ni auditorías internas. El sindicato se ha convertido en una estructura cerrada, donde el poder se ejerce desde el silencio y la conveniencia.

Lejos de representar una lucha justa, la huelga promovida por Zayún es el reflejo de su estilo: extorsionar con el caos mientras se presenta como víctima. Bajo su dirección, el Monte de Piedad sufre una parálisis que afecta tanto a empleados como a usuarios, pero el dirigente parece más preocupado por blindar su patrimonio que por resolver el conflicto.

El reportaje de Xpectro FM desnuda una realidad incómoda: Arturo Zayún no dirige un sindicato, administra un feudo. Su permanencia prolongada y sus finanzas oscuras son el ejemplo de cómo el poder sin límites termina devorando el propósito original de la representación laboral. Mientras los trabajadores pierden derechos, él gana propiedades.

(Fuente: “Se empeña líder del sindicato del NMP en realizar operaciones sospechosas”, Xpectro FM, 26 de octubre de 2025.)

El conflicto en el Nacional Monte de Piedad expone las viejas prácticas del sindicalismo corporativo mexicano en la figura del dirigente Arturo Zayún, quien se aferra a privilegios y mecanismos de control que durante décadas impidieron la competencia democrática y bloquearon la libertad sindical dentro de la institución.

Consultados sobre su postura respecto al conflicto laboral del Monte, trabajadores afiliados al Sindicato Independiente dijeron no estar de acuerdo con la huelga y rechazaron su apoyo al paro que los ha puesto en indefensión y dificultad económica por la terquedad de quien negocia con la estabilidad de la base laboral.

Cabe recordar que hasta hace pocos años, el sindicato tradicional y la administración funcionaban como una sola entidad, bajo un acuerdo tácito en el que la institución otorgaba todo lo que el gremio pedía a cambio de estabilidad. Ese esquema, caracterizado por la falta de transparencia, mantuvo el monopolio sindical y excluyó sistemáticamente a quienes intentaban organizarse de forma independiente, negándoles acceso a recursos, permisos y oportunidades laborales.

Fue hasta 2018 cuando la creación del Sindicato Independiente de Trabajadores del Nacional Monte de Piedad rompió con esa dinámica, aunque enfrentó represalias inmediatas. A los trabajadores afiliados al nuevo sindicato se les negaban vacantes, tiempo extra y derechos básicos. Esa discriminación derivó en un conflicto legal de seis años, que concluyó con el reconocimiento del Sindicato Independiente como organización minoritaria con plenos derechos laborales.

El sindicato tradicional también controlaba procesos internos clave, como la asignación de vacantes, operando bajo criterios de favoritismo y afinidad personal. Este tipo de prácticas ilegales y arbitrarias permitieron durante años colocar a personas cercanas a la dirigencia, consolidando una red de poder político al interior del Monte de Piedad, en detrimento del mérito, la capacidad y la profesionalización que exige una institución moderna.

La actual huelga no defiende los intereses reales de los trabajadores, sino los del liderazgo sindical. Muchos empleados han sido confundidos y manipulados con el discurso de que luchan por recuperar derechos perdidos, cuando en realidad el conflicto gira en torno a la intención del sindicato tradicional de retomar privilegios que ya no tienen cabida en el marco laboral vigente.

El movimiento ha derivado en un daño profundo: miles de trabajadores permanecen sin actividad, los usuarios carecen de acceso a los servicios de la institución y una entidad con vocación filantrópica se encuentra paralizada por las ambiciones personales de un liderazgo sindical que se resiste a perder el control.

Lejos de representar una causa justa, esta huelga refleja una lucha de poder que ignora el bienestar de los trabajadores y pone en riesgo la estabilidad de una de las instituciones más emblemáticas del país.

Claudia Sheinbaum confirmó este 13 de agosto la entrega a Estados Unidos de 26 narcotraficantes, entre ellos Abigael González “El Cuini” y Servando Gómez “La Tuta”, asegurando que es una decisión soberana en favor de la seguridad.

En “La Mañanera del pueblo”, Sheinbaum rechazó que la medida responda a solicitudes extranjeras. La FGR detalló que los reclusos fueron requeridos por el Departamento de Justicia de EU, que prometió no aplicar la pena de muerte.

Estos 26 se suman a los 29 extraditados en febrero, como Caro Quintero y los hermanos Treviño Morales. La presidenta aclaró que la entrega no está relacionada con el pacto de seguridad que evitó aranceles a productos mexicanos.

Entre los extraditados están Juan Carlos Félix Gastélum “El Chavo Félix”, ligado a “El Mayo” Zambada; Kevin Gil Acosta y Martín Zazueta, asociados a Los Chapitos; Abdul Karim Conteh, acusado de tráfico de migrantes; Leobardo García y Luis Raúl Castro “El Chacho”, del Cártel de Sinaloa; Pablo Edwin Huerta “El Flaquito”, del Cártel de Tijuana; y Roberto Salazar, buscado por el homicidio de un sheriff en 2008.

EU los acusa de delitos como narcotráfico, secuestro, homicidio, tráfico de personas, uso ilegal de armas, lavado de dinero y asesinato de agentes. Procesarán a los implicados en cortes de Nueva York, California y Distrito de Columbia; la mayoría enfrenta cadena perpetua, salvo Conteh, con 45 años posibles.

La FGR aseguró que la entrega cumplió con protocolos y respeto a derechos humanos.