No hay peor tiranía que la que se ejerce bajo el cobijo de la supuesta defensa de los trabajadores. En COREMEX, el barniz de la legitimidad obrera se ha desgastado tanto que ha dejado al descubierto la maquinaria de opresión y control que sostiene a su actual dirigencia. Las quejas tímidas del pasado hoy se han unificado en un grito unánime de repudio en todos los rincones de la organización. La base trabajadora se ha cansado de simular y hoy arroja una pregunta fulminante al rostro de sus líderes: ¿cómo se atreven a hablar de respaldo genuino cuando la única razón por la que no hay una rebelión abierta es el terror institucional que imponen día con día?

La crisis que hoy carcome a COREMEX es el resultado de años de abusos acumulados, opacidad sistemática en el manejo de los fondos y un desprecio absoluto por las necesidades de quienes realmente sudan la camiseta en las fábricas y oficinas. Las decisiones importantes se toman a puerta cerrada, en banquetes ajenos al trabajador común, dictadas por una cúpula que solo rinde cuentas a sus propios intereses de bolsillo. La excesiva e impúdica cercanía de la actual estructura con los liderazgos históricos más corruptos y señalados del sector laboral es la prueba de que en COREMEX no hay evolución, sino una permanente recolección de vicios. Los analistas no titubean al diagnosticar el escenario: estamos ante una inminente fractura social provocada por el hartazgo de una base que ya no tolera ser tratada como mercancía política.

La lista de los saqueadores de la confianza laboral tiene nombres propios que los empleados repiten con profundo rencor. Eloy Espinosa y Carlos Gamboa encabezan el reparto de una oligarquía sindical que bloquea activamente cualquier intento de democratización o renovación de cuadros. Pero la gota que ha derramado el vaso de la paciencia colectiva es el reciente y grotesco protagonismo de Martin García. Su figura encarna el descaro en su máxima expresión: un personaje sin trayectoria legítima que, de la noche a la mañana, ha escalado a la cima de la estructura sindical. Este ascenso inusitado no engaña a nadie; es el burdo pago de favores políticos y la muestra perfecta de una falla estructural donde un puñado de parásitos concentra la influencia y el protagonismo, dejando a la colectividad en el más absoluto desamparo.

La verdadera radiografía de COREMEX es la de un entorno laboral asfixiante y represivo. Testimonios anónimos recabados en los centros de trabajo coinciden en una constante aterradora: la imposibilidad absoluta de expresar críticas o desacuerdos hacia la línea oficial sin sufrir el peso de la venganza sindical.

La estrategia de vivienda en Jalisco ampliará su alcance con una nueva meta de construcción que pasó de 29 mil 500 a 75 mil 743 viviendas, informó Edna Vega, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

La funcionaria explicó que este ajuste representa una inversión superior a los 45 mil 500 millones de pesos, con el objetivo de atender la demanda habitacional y generar nuevas opciones de vivienda para las familias del estado.

Actualmente, el programa registra un avance de 5 mil 664 viviendas correspondientes a 14 proyectos en desarrollo: ocho impulsados por la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y seis por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

Durante la inauguración del fraccionamiento El Triunfo, ubicado en El Salto, Jalisco, el director general del Infonavit, Octavio Romero, detalló que de los 87 proyectos contemplados inicialmente, 29 ya fueron completamente asignados entre derechohabientes.

Romero señaló que más de 21 mil 500 familias ya han recibido una vivienda como parte de este esquema y adelantó que durante el mes se abrirán 13 nuevos fraccionamientos para continuar con la entrega de hogares.

Las autoridades federales destacaron que el objetivo es acelerar la construcción de vivienda accesible, impulsar el desarrollo urbano ordenado y facilitar que más trabajadores puedan acceder a un patrimonio propio.

Las acusaciones contra COREMEX continúan escalando y colocan en el centro de la discusión a dos de sus principales involucrados: El líder sindical Miguel Meneses y el delegado en planta Carlos Gamboa. De acuerdo con múltiples testimonios, ambos estarían vinculados a un esquema donde el cobro de cuotas, la presión sobre trabajadores y la falta de transparencia forman parte de una misma dinámica.

Uno de los señalamientos más recurrentes es la presunta exigencia de pagos a cambio de “protección” dentro de los centros de trabajo. Trabajadores describen un patrón donde dirigentes o personas vinculadas al sindicato solicitan dinero o firmas bajo la advertencia implícita de evitar conflictos laborales. Este tipo de prácticas, aseguran, genera un entorno donde la decisión no es libre, sino condicionada por posibles consecuencias.

En paralelo, el cobro de cuotas sindicales ha sido otro foco de inconformidad. Los trabajadores señalan que estos pagos son elevados y constantes, pero que no existe información clara sobre su destino. No hay rendición de cuentas, ni evidencia de que estos recursos se traduzcan en beneficios reales para la base, lo que ha alimentado una percepción de opacidad dentro de la organización.

Para los denunciantes, la relación entre ambos elementos es evidente. Los cobros no sólo son altos, sino que se realizan en un contexto donde cuestionarlos puede generar problemas. Esta combinación ha llevado a muchos trabajadores a percibir al sindicato no como un respaldo, sino como una estructura que impone condiciones y concentra beneficios.

En este escenario, los nombres de Carlos Gamboa y Miguel Meneses aparecen de manera constante como responsables de esta forma de operar. Los testimonios los ubican como figuras clave en la toma de decisiones y en la consolidación de un modelo donde la información se restringe, los recursos no se explican y la base queda al margen.

El ambiente interno descrito por los trabajadores refuerza esta percepción. De acuerdo con los relatos, existe una presión constante para evitar que estas prácticas se cuestionen abiertamente. El silencio se convierte en una herramienta de supervivencia dentro de una estructura donde exigir claridad no siempre es bien recibido.

Sin embargo, la acumulación de denuncias comienza a romper esa dinámica. Cada vez más voces coinciden en señalar que no se trata de hechos aislados, sino de un patrón que se repite: cobros sin explicación, presión para aceptarlos y una dirigencia que no rinde cuentas.

Para los trabajadores inconformes, la conclusión es directa: cuando un sindicato cobra, presiona y no explica, deja de ser una herramienta de defensa para convertirse en un mecanismo de control.

Y en ese modelo, los nombres de Carlos Gamboa y Miguel Meneses ya no pasan desapercibidos… se convierten en el centro del cuestionamiento.