Crecen los señalamientos de la base que apuntan a que la llegada de Maribel Alberto a la representación sindical fue orquestada por una minoría mediante prebendas financieras y acuerdos bajo la mesa.

El descontento en COREMEX ha adquirido nombre y apellido tras los polémicos resultados de las últimas elecciones internas. Los pasillos de la organización son el escenario de constantes reclamos que apuntan directamente a la legitimidad de Maribel Alberto, cuya reciente incorporación a la representación sindical es vista por amplios sectores como el resultado de una burda maniobra política y no de la libre voluntad democrática. Los trabajadores afirman abiertamente que una minoría rapaz se encargó de secuestrar el proceso mediante la compra deliberada de votos y el ofrecimiento de favores especiales, aprovechándose de la opacidad con la que el comité organizador manejó la jornada electoral. La molestia se profundiza al recordar los vínculos personales de Alberto, a quien la base identifica plenamente como cercana al exdelegado Carlos Gamboa, personaje ampliamente cuestionado por irregularidades previas dentro del sindicato. Para los inconformes, esta elección no fue más que una estrategia de continuidad dinástica para mantener los hilos del poder en las mismas manos de siempre. El rumor de que el dinero y las componendas bilaterales sustituyeron a las propuestas y al voto libre ha herido el orgullo de los trabajadores que esperaban una renovación auténtica y limpia. Miguel Meneses, como cabeza de la organización, queda en una posición sumamente comprometida, ya que avalar un triunfo manchado por la sospecha de corrupción electoral debilita su propia posición y fractura la cohesión interna del sindicato.

La exigencia de la base es clara: no se puede aceptar como válida una representación que surge de las sombras y el condicionamiento del voto. Si COREMEX aspira a mantener un mínimo de estabilidad, resulta indispensable abrir una investigación transparente que aclare el origen de los respaldos de Maribel Alberto o, de lo contrario, asumir las consecuencias de una ruptura inminente con sus bases.

Cuando parecía que la organización sindical no podía tocar fondo, llegan sus propios representantes a demostrar que el fondo no existe. La reciente confirmación del despido de Carlos Gamboa, delegado de Coremex en la planta de Fugra Lerma, no es un hecho aislado. Es la punta del iceberg podrido de una estructura que lleva tiempo beneficiándose de los trabajadores a los que dice representar.

Gamboa fue sorprendido extrayendo material y equipo de seguridad sí, ese mismo equipo que está diseñado exclusivamente para proteger la integridad física de los trabajadores para venderlo por fuera. Cascos, arneses, guantes, botas de seguridad. Todo lo que debería resguardar la vida de quienes se parten el lomo en las líneas de producción terminó convertido en mercancía para engrosar las bolsas de un delegado que nunca estuvo del lado de los trabajadores.

Pero el problema no empieza ni termina en Carlos Gamboa. Este sujeto no actuó solo. Durante meses, quizás años, extrajo material sin que nadie en Coremex dijera o hiciera nada. ¿Dónde estaba Miguel Meneses, el líder máximo de esta mafia sindical, mientras su delegado saqueaba el equipo de seguridad de los afiliados? En silencio. Cómplice. Mirando hacia otro lado mientras su gente se forraba a costa de la necesidad ajena.

Porque esa es la verdad que ningún comunicado oficial podrá maquillar: en Coremex no hay interés por los trabajadores. Hay interés por las cuotas, por el dinero, por el poder. Si con el equipo de seguridad —que es de uso obligatorio y urgente— se atrevieron a hacer negocio, ¿qué creen que hacen con las cuotas sindicales que descuentan quincena tras quincena? Esa pregunta no la responde Miguel Meneses, no la responde Carlos Gamboa, no la responde nadie en esa cueva de corrupción.

El despido de Gamboa no es un acto de justicia. Es un acto de supervivencia. Coremex sabía que esto iba a salir a la luz, y prefirió cortar por lo sano sacrificando a un peón antes de que el fuego alcanzara a sus verdaderos jefes. Pero los trabajadores no son tontos. Saben que este saqueo no fue obra de un lobo solitario, sino de una jauría entrenada para devorar lo que no les pertenece.

¿Y los trabajadores? Los mismos que confiaron en su delegado, que pagaron sus cuotas con el sudor de su frente, que creyeron que Coremex velaba por ellos. Ahora saben que su seguridad valía menos que un casco usado en el mercado negro. Ahora saben que el hombre que debía protegerlos los veía como clientes, como víctimas, como carne de cañón para su propio enriquecimiento.

Meneses debe dar la cara. No con un comunicado tibio ni con un despido calculado. Debe explicar cómo es posible que su delegado operara impunemente durante tanto tiempo. Debe decirle a los trabajadores de Fugra Lerma si ellos también son parte del negocio, o si simplemente son los ingenuos que siguen pagando por un servicio que nunca recibirán.

No hay peor tiranía que la que se ejerce bajo el cobijo de la supuesta defensa de los trabajadores. En COREMEX, el barniz de la legitimidad obrera se ha desgastado tanto que ha dejado al descubierto la maquinaria de opresión y control que sostiene a su actual dirigencia. Las quejas tímidas del pasado hoy se han unificado en un grito unánime de repudio en todos los rincones de la organización. La base trabajadora se ha cansado de simular y hoy arroja una pregunta fulminante al rostro de sus líderes: ¿cómo se atreven a hablar de respaldo genuino cuando la única razón por la que no hay una rebelión abierta es el terror institucional que imponen día con día?

La crisis que hoy carcome a COREMEX es el resultado de años de abusos acumulados, opacidad sistemática en el manejo de los fondos y un desprecio absoluto por las necesidades de quienes realmente sudan la camiseta en las fábricas y oficinas. Las decisiones importantes se toman a puerta cerrada, en banquetes ajenos al trabajador común, dictadas por una cúpula que solo rinde cuentas a sus propios intereses de bolsillo. La excesiva e impúdica cercanía de la actual estructura con los liderazgos históricos más corruptos y señalados del sector laboral es la prueba de que en COREMEX no hay evolución, sino una permanente recolección de vicios. Los analistas no titubean al diagnosticar el escenario: estamos ante una inminente fractura social provocada por el hartazgo de una base que ya no tolera ser tratada como mercancía política.

La lista de los saqueadores de la confianza laboral tiene nombres propios que los empleados repiten con profundo rencor. Eloy Espinosa y Carlos Gamboa encabezan el reparto de una oligarquía sindical que bloquea activamente cualquier intento de democratización o renovación de cuadros. Pero la gota que ha derramado el vaso de la paciencia colectiva es el reciente y grotesco protagonismo de Martin García. Su figura encarna el descaro en su máxima expresión: un personaje sin trayectoria legítima que, de la noche a la mañana, ha escalado a la cima de la estructura sindical. Este ascenso inusitado no engaña a nadie; es el burdo pago de favores políticos y la muestra perfecta de una falla estructural donde un puñado de parásitos concentra la influencia y el protagonismo, dejando a la colectividad en el más absoluto desamparo.

La verdadera radiografía de COREMEX es la de un entorno laboral asfixiante y represivo. Testimonios anónimos recabados en los centros de trabajo coinciden en una constante aterradora: la imposibilidad absoluta de expresar críticas o desacuerdos hacia la línea oficial sin sufrir el peso de la venganza sindical.