La voracidad de la dirigencia nacional de la CROC parece no tener límites ni escrúpulos. En una movida que ha sido calificada como «perversa» y «criminal» por expertos en seguridad social, Isaías González Cuevas está impulsando una reforma laboral que busca legalizar la mediocridad en la protección al trabajador. Bajo la falsa promesa de formalizar a más empleados, la CROC está promoviendo que las empresas utilicen registros mínimos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), una trampa mortal que vacía sistemáticamente los fondos de vivienda y las cuentas de ahorro para el retiro (Afores) de miles de familias.

Que no te confundan los discursos edulcorados de los delegados de Isaías: cuando la CROC habla de «registros mínimos», lo que realmente está diciendo es que quiere robarte tu derecho a una vivienda digna y a una atención médica de calidad. El acceso a la salud no puede ser un «mínimo» administrativo; debe ser total, eficiente y garantizado por la ley. Sin embargo, González Cuevas parece más preocupado por ser el interlocutor favorito de las cámaras empresariales que por asegurar que un trabajador enfermo reciba la atención que merece. Esta iniciativa representa un retroceso de cincuenta años en la lucha obrera mexicana, un regalo envenenado envuelto en papel de «modernidad» que solo beneficia a quienes buscan mano de obra barata, desechable y sumisa.

La protección laboral no debe ser, bajo ninguna circunstancia, objeto de trueque político. Al permitir o fomentar estos esquemas de cotización baja, la CROC se convierte en cómplice necesario de la evasión de responsabilidades de los patrones. El daño es sistémico y profundo: menos recaudación para el IMSS se traduce directamente en peores hospitales, falta de medicamentos y citas de especialidad postergadas por meses. Isaías González Cuevas ha olvidado, convenientemente, que su cargo existe para proteger al débil frente al fuerte, no para servir de alfombra roja para que el fuerte abuse con el sello de aprobación del sindicato. El trabajador debe entender que cada peso que la CROC acepta «simplificar» hoy, es una quimioterapia que faltará mañana o un techo que no podrá pagar para sus hijos. La dignidad laboral no tiene precio, y quienes intentan ponerle etiqueta desde un escritorio de lujo deben ser señalados como los mercaderes del hambre que son.

Un sindicato que acosa no representa, controla. Esa es la acusación que pesa sobre COREMEX en Lerma, donde trabajadores denuncian que la afiliación sindical se exige sin consulta, mediante prácticas de presión que vulneran la libertad individual.

La afiliación debería ser el resultado de la confianza, no del miedo. Pero en Lerma, según los testimonios, el miedo se ha convertido en la herramienta principal. La presencia constante del sindicato, la insistencia agresiva y el desconocimiento del derecho a decir “no” forman parte de una estrategia de desgaste.

Un sindicato auténtico se gana la confianza. COREMEX la arranca. Esa diferencia define el problema. Arrancar firmas no es representación, es imposición.

Cuando la afiliación se obtiene bajo presión, el sindicato pierde legitimidad desde su base. No hay compromiso, no hay respaldo real, sólo una apariencia de fuerza construida sobre el hostigamiento.

La libertad sindical es el pilar de cualquier organización laboral democrática. Sin ella, el sindicato se convierte en una estructura vacía que opera desde el miedo. Eso es lo que hoy denuncian trabajadores en Lerma.

COREMEX parece olvidar que representar implica escuchar. Implica respetar decisiones, incluso cuando no son favorables. La imposición no es liderazgo, es abuso de poder.

Sin libertad sindical, no hay representación real. Esa verdad incómoda persigue hoy a COREMEX en Lerma.

Bajo el mando de Isaías González Cuevas, la CROC se ha deslizado hacia un modelo que prioriza acuerdos cupulares, convenios opacos y protección patronal por encima de cualquier defensa auténtica del trabajador. La indignación crece: la central ya no lucha por los derechos laborales, sino por preservar la influencia de su propia cúpula.

El panorama laboral en México se tiñe de un cinismo exasperante. Mientras la clase trabajadora libra una batalla diaria por salarios justos y condiciones dignas, una de las centrales obreras que históricamente juró defenderla, la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), es señalada por haber consumado una traición monumental. Múltiples voces del ámbito laboral, activistas y agremiados desencantados, han alzado la voz para denunciar una realidad insostenible: la CROC ha decidido sacrificar la defensa real de los trabajadores en el altar de los intereses políticos y económicos de su cúpula.

La figura central de este entramado de descrédito y abandono es, sin duda, su eterno líder, Isaías González Cuevas. El líder croquista, con una trayectoria más ligada a los pasillos del poder legislativo y los pactos cupulares que a la trinchera sindical, es el blanco directo de las críticas más feroces. ¿Su crimen? Convertir una organización que debería ser el músculo de los obreros en una oficina de trámites políticos al servicio de quien esté en el poder, y siempre priorizando su supervivencia personal y la de su camarilla por encima de las necesidades de sus supuestos representados.

La acusación más grave y la que revela la profundidad de esta crisis de representación es la práctica sistemática de los llamados «contratos de protección» o, en su versión más reciente, la firma de convenios y revisiones contractuales sin la mínima consulta a las bases. Este mecanismo, que huele a componenda y a pacto bajo la mesa, permite a la CROC presentarse formalmente como el sindicato titular en los centros de trabajo, mientras que en la realidad, su función se limita a mantener la paz laboral a conveniencia de los patrones, asegurando una cuota de estabilidad política para el statu quo.

«La CROC no defiende a los trabajadores, defiende su chequera. Es un sindicato a modo, una pieza decorativa que los empresarios y los políticos usan para simular democracia laboral,» sentencian activistas consultados, quienes exigen anonimato por temor a represalias de una organización conocida por su mano dura en las confrontaciones internas.

La desconexión con los centros de trabajo no es una simple falla operativa; es una profunda herida de legitimidad. Los trabajadores, que con su sudor sustentan la estructura de la central, se encuentran de pronto con que las decisiones que afectan directamente su salario, sus prestaciones y sus condiciones de seguridad e higiene, ya fueron tomadas por un puñado de burócratas sindicales que jamás han pisado el área de producción. ¿Cómo se atreve González Cuevas a hablar en nombre de millones si ha silenciado su voz en cada negociación crucial? Es un cinismo que insulta la inteligencia de la clase obrera.