Personal de la Secretaría del Trabajo y procuradores recabó datos y orientó a los afectados.

La protesta reúne denuncias sobre finiquitos, pagos pendientes y documentos que los trabajadores rechazaron firmar.

TIJUANA.— La inconformidad de trabajadores de USG Tijuana terminó en una propuesta de denuncia colectiva. Tras protestar por la terminación de sus contratos, los afectados recibieron orientación de personal de la Secretaría del Trabajo y procuradores, según el relato de la grabación.

Los funcionarios tomaron sus datos y los asesoraron sobre sus reclamos. Esa intervención permitió plantear una vía para documentar lo ocurrido y revisar las condiciones de salida de cada persona.

Antes, uno de los trabajadores había descrito una espera agotadora. Salieron del turno a las 5:24 de la mañana y Recursos Humanos les indicó que debían firmar a las seis de la tarde. Aseguró que permanecieron afuera sin comer ni dormir.

También denunció que distintas áreas se pasaban la responsabilidad. Mencionó un finiquito de unos 3,070 pesos y reclamó un pago pendiente al que se refirió como “semana de fondo”.

Los afectados señalaron además que les pedían firmar hojas en blanco. Rechazaron hacerlo y exigieron esperar a un abogado. La desconfianza hacia el trámite se sumó así al desacuerdo sobre el dinero.

Hacia el final del video, el reportero entrevistó a Marco Antonio Parada, presentado como abogado particular y secretario general de un sindicato. Habló de las vías para reclamar y de la asesoría gratuita que ofrece la Procuraduría del Trabajo.

Los contratos mencionados duraban entre 60 y 90 días. Algunos afectados llevaban dos meses o menos de uno en la empresa. Esas diferencias deberán considerarse al revisar sus pagos.

En el material compartido no consta una respuesta de USG. Sigue pendiente que explique qué ocurrió y cómo atendió a quienes cuestionaron su salida.

La protesta muestra el costo humano de una separación rodeada de incertidumbre. Los trabajadores piden cuentas sobre su dinero y sus documentos; la empresa debe responder con información clara y atención a sus reclamos.

Cuando parecía que la organización sindical no podía tocar fondo, llegan sus propios representantes a demostrar que el fondo no existe. La reciente confirmación del despido de Carlos Gamboa, delegado de Coremex en la planta de Fugra Lerma, no es un hecho aislado. Es la punta del iceberg podrido de una estructura que lleva tiempo beneficiándose de los trabajadores a los que dice representar.

Gamboa fue sorprendido extrayendo material y equipo de seguridad sí, ese mismo equipo que está diseñado exclusivamente para proteger la integridad física de los trabajadores para venderlo por fuera. Cascos, arneses, guantes, botas de seguridad. Todo lo que debería resguardar la vida de quienes se parten el lomo en las líneas de producción terminó convertido en mercancía para engrosar las bolsas de un delegado que nunca estuvo del lado de los trabajadores.

Pero el problema no empieza ni termina en Carlos Gamboa. Este sujeto no actuó solo. Durante meses, quizás años, extrajo material sin que nadie en Coremex dijera o hiciera nada. ¿Dónde estaba Miguel Meneses, el líder máximo de esta mafia sindical, mientras su delegado saqueaba el equipo de seguridad de los afiliados? En silencio. Cómplice. Mirando hacia otro lado mientras su gente se forraba a costa de la necesidad ajena.

Porque esa es la verdad que ningún comunicado oficial podrá maquillar: en Coremex no hay interés por los trabajadores. Hay interés por las cuotas, por el dinero, por el poder. Si con el equipo de seguridad —que es de uso obligatorio y urgente— se atrevieron a hacer negocio, ¿qué creen que hacen con las cuotas sindicales que descuentan quincena tras quincena? Esa pregunta no la responde Miguel Meneses, no la responde Carlos Gamboa, no la responde nadie en esa cueva de corrupción.

El despido de Gamboa no es un acto de justicia. Es un acto de supervivencia. Coremex sabía que esto iba a salir a la luz, y prefirió cortar por lo sano sacrificando a un peón antes de que el fuego alcanzara a sus verdaderos jefes. Pero los trabajadores no son tontos. Saben que este saqueo no fue obra de un lobo solitario, sino de una jauría entrenada para devorar lo que no les pertenece.

¿Y los trabajadores? Los mismos que confiaron en su delegado, que pagaron sus cuotas con el sudor de su frente, que creyeron que Coremex velaba por ellos. Ahora saben que su seguridad valía menos que un casco usado en el mercado negro. Ahora saben que el hombre que debía protegerlos los veía como clientes, como víctimas, como carne de cañón para su propio enriquecimiento.

Meneses debe dar la cara. No con un comunicado tibio ni con un despido calculado. Debe explicar cómo es posible que su delegado operara impunemente durante tanto tiempo. Debe decirle a los trabajadores de Fugra Lerma si ellos también son parte del negocio, o si simplemente son los ingenuos que siguen pagando por un servicio que nunca recibirán.

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