CAMPAÑA CONTRA MONTE DE PIEDAD ABRE DEBATE SOBRE LA ÉTICA EN LA COMPETENCIA PRENDARIA

La reapertura de Nacional Monte de Piedad, después de varios meses de inactividad, ha provocado algo más que el regreso de miles de clientes a sus sucursales. También ha puesto en evidencia una competencia publicitaria en la que algunas instituciones parecen haber encontrado en las dificultades ajenas una oportunidad para hacerse notar.

Es el caso de Fundación Dondé, que en los últimos días ha difundido una campaña construida alrededor de indirectas, mensajes de desconfianza y comparaciones con relaciones sentimentales. Expresiones como “te miente y te sigue cobrando” y referencias a alguien que desapareció durante un año forman parte de una estrategia que, aunque no menciona directamente a Nacional Monte de Piedad, coincide con su regreso a las actividades.

La coincidencia difícilmente pasa inadvertida. Los mensajes parecen aprovechar el periodo de cierre que enfrentó la institución para presentar su reapertura como el regreso de alguien que abandonó a quienes confiaban en él.

La publicidad puede ser provocadora y utilizar el humor como recurso para conectar con el público. Sin embargo, cuando ese humor se construye a partir de insinuaciones sobre supuestos engaños o abusos de otra institución, surge una discusión que tiene menos que ver con la creatividad y mucho más con la responsabilidad de quien comunica.

El cierre de Nacional Monte de Piedad fue consecuencia de un conflicto laboral que afectó a trabajadores, clientes y a la propia institución. Para muchas familias significó meses de incertidumbre sobre sus prendas y operaciones pendientes. Convertir esa situación en un recurso comercial plantea dudas sobre la sensibilidad con la que algunas organizaciones entienden su papel frente a la sociedad.

La discusión adquiere mayor relevancia porque no se trata de empresas comunes. Tanto Nacional Monte de Piedad como Fundación Dondé son instituciones de asistencia privada que desarrollan sus actividades bajo un marco de responsabilidad social.

Su naturaleza institucional supone una vocación de servicio que debería reflejarse también en la manera en que se relacionan con sus competidores. La solidaridad, el respeto y la confianza difícilmente pueden limitarse al discurso institucional mientras la publicidad recurre a mensajes que buscan desacreditar a otros participantes.

Desde luego, competir es legítimo. También lo es aprovechar las oportunidades que ofrece un mercado en movimiento. Lo cuestionable aparece cuando una campaña deja de hablar de sus propias fortalezas para concentrarse en las dificultades de otra institución, recurriendo a insinuaciones que no necesariamente se encuentran respaldadas por hechos comprobables.

La reapertura de Nacional Monte de Piedad representa un momento importante para el sector prendario. La competencia podría traducirse en mejores servicios, mayor cercanía con los clientes y un esfuerzo compartido por fortalecer la confianza.

Sin embargo, llevar esa competencia al terreno de las descalificaciones indirectas envía una señal poco congruente con la responsabilidad social que estas instituciones dicen representar.

Personal de la Secretaría del Trabajo y procuradores recabó datos y orientó a los afectados.

La protesta reúne denuncias sobre finiquitos, pagos pendientes y documentos que los trabajadores rechazaron firmar.

TIJUANA.— La inconformidad de trabajadores de USG Tijuana terminó en una propuesta de denuncia colectiva. Tras protestar por la terminación de sus contratos, los afectados recibieron orientación de personal de la Secretaría del Trabajo y procuradores, según el relato de la grabación.

Los funcionarios tomaron sus datos y los asesoraron sobre sus reclamos. Esa intervención permitió plantear una vía para documentar lo ocurrido y revisar las condiciones de salida de cada persona.

Antes, uno de los trabajadores había descrito una espera agotadora. Salieron del turno a las 5:24 de la mañana y Recursos Humanos les indicó que debían firmar a las seis de la tarde. Aseguró que permanecieron afuera sin comer ni dormir.

También denunció que distintas áreas se pasaban la responsabilidad. Mencionó un finiquito de unos 3,070 pesos y reclamó un pago pendiente al que se refirió como “semana de fondo”.

Los afectados señalaron además que les pedían firmar hojas en blanco. Rechazaron hacerlo y exigieron esperar a un abogado. La desconfianza hacia el trámite se sumó así al desacuerdo sobre el dinero.

Hacia el final del video, el reportero entrevistó a Marco Antonio Parada, presentado como abogado particular y secretario general de un sindicato. Habló de las vías para reclamar y de la asesoría gratuita que ofrece la Procuraduría del Trabajo.

Los contratos mencionados duraban entre 60 y 90 días. Algunos afectados llevaban dos meses o menos de uno en la empresa. Esas diferencias deberán considerarse al revisar sus pagos.

En el material compartido no consta una respuesta de USG. Sigue pendiente que explique qué ocurrió y cómo atendió a quienes cuestionaron su salida.

La protesta muestra el costo humano de una separación rodeada de incertidumbre. Los trabajadores piden cuentas sobre su dinero y sus documentos; la empresa debe responder con información clara y atención a sus reclamos.

La Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua pierde sustento para mantener una orden de captura emitida desde el fuero local contra el empresario.

El caso penal relacionado con la reestructura de la deuda pública de Chihuahua registró un nuevo giro judicial: una jueza federal concedió el amparo a José Pedro López Elías y ordenó al Juez de Control del Distrito Judicial Morelos dejar sin efectos la orden de aprehensión emitida en su contra dentro de la causa penal 3050/2024.

La determinación de la Jueza Décimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Madhay Soto Morales, parte de una conclusión central: la autoridad local que libró la orden no tenía competencia para hacerlo, pues los recursos involucrados en los hechos investigados son de naturaleza federal.

La sentencia fue emitida el 18 de agosto y notificada el 28 de agosto.

El expediente se originó por pagos de 98.6 millones de pesos al despacho López Elías Finanzas Públicas, S.C., durante la administración de Javier Corral Jurado, por servicios de asesoría en la reestructura y refinanciamiento de la deuda estatal.

La Auditoría Superior del Estado cuestionó la contratación y sus resultados.

Posteriormente, la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, encabezada por Abelardo Valenzuela Holguín, sostuvo que existían elementos para investigar un posible peculado.

La Fiscalía ha mantenido que se trató de un posible daño al erario estatal y que Chihuahua debía conservar la conducción de la investigación.

Bajo esa hipótesis se integró la causa 3050/2024, que involucró al exgobernador Javier Corral, al exsecretario de Hacienda Arturo Fuentes Vélez y a López Elías, identificado en la indagatoria como presunto partícipe externo.

La defensa de los señalados ha sostenido una versión distinta: que el despacho sí realizó el trabajo contratado, que existe documentación técnica que acredita las gestiones efectuadas y que los recursos utilizados procedían de participaciones federales.

Para la defensa, el caso debió ser conocido desde el inicio por autoridades federales.

La discusión sobre competencia alcanzó un punto decisivo en enero de 2026.

El Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito resolvió el conflicto competencial 20/2025 y determinó que la causa relacionada con Corral debía ser conocida por un juez penal federal.

El criterio se sustentó en que los recursos materia del caso conservaban naturaleza federal, aun cuando hubieran sido transferidos al estado.

Esa resolución fue el fundamento determinante del amparo concedido a López Elías.

La jueza federal consideró que, aunque el conflicto competencial se había promovido originalmente respecto de Corral, López Elías es coimputado en la misma causa y por los mismos hechos y recursos.

Por ello concluyó que el juez local tampoco era competente para emitir la orden de aprehensión contra el empresario.

La sentencia ordena tres actos concretos: dejar sin efectos la orden de aprehensión dictada el 18 de enero de 2025; emitir una nueva determinación en la que el juez local analice primero su competencia; y, a la luz del criterio federal, determine que no puede resolver la solicitud de captura.

La resolución no analiza ni decide si López Elías es responsable o inocente de los hechos imputados; se pronuncia exclusivamente sobre la legalidad constitucional de la orden y la competencia de la autoridad que la emitió.

La propia sentencia establece que su ejecución debe esperar a que transcurra el plazo para la eventual interposición de un recurso de revisión.

Por ello, el hecho debe presentarse como una orden judicial de invalidación concedida en amparo, no como una exoneración definitiva ni como el cierre total de la investigación.

El efecto institucional es relevante: la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua pierde sustento para mantener una orden de captura emitida desde el fuero local contra López Elías y se fortalece el criterio de que el caso debe ser revisado en jurisdicción federal.

La controversia de fondo permanece abierta y corresponderá a las autoridades federales determinar si existió delito y, en su caso, responsabilidades.