La carrera por liderar la inteligencia artificial está provocando un nuevo frente de conflicto en Estados Unidos. Mientras gigantes tecnológicos anuncian inversiones multimillonarias para construir la infraestructura que permitirá operar los sistemas de IA, cada vez más comunidades se organizan para frenar la expansión de los centros de datos por sus efectos sobre los recursos naturales y el entorno urbano.
El gobierno estadounidense y las principales empresas del sector sostienen que estos complejos son indispensables para mantener el crecimiento de la inteligencia artificial. Solo en Estados Unidos se han anunciadocerca de 4 mil nuevos proyectos,que, de concretarse, duplicarían la capacidad instalada del país.
Sin embargo, el rechazo ciudadano también crece.Una encuesta de Gallup reveló que el 71% de los estadounidenses se opone a la construcción de nuevos centros de datosen sus comunidades, una señal del creciente malestar por el impacto de estas instalaciones.
El agua, en el centro del conflicto
Uno de los casos más representativos se vive en El Paso, Texas, donde organizaciones comunitarias cuestionan el uso intensivo de agua en una región marcada por la escasez hídrica.
“El mayor acto de violencia de este negocio es la venta de agua. En una región desértica que está a punto de colapsar climáticamente, la oligarquía ha decidido que el agua es un producto para ser vendido a los centros de datos con fines de lucro”, afirmóAlejandro Ruiz, activista de Amanecer People’s Project.
Para organizaciones ambientales, el problema ya no es exclusivo de Estados Unidos. JuanRoberto Madrid, Sustainable Communities Program Manager de GreenLatinos,aseguró que la rápida expansión de los centros de datos también está generando preocupaciones similares en varios países latinoamericanos. “No es nomás un problema aquí en los Estados Unidos con el tema de centros de datos, sino también de inteligencia artificial en los países de Latinoamérica. Todos están con los mismos problemas o preocupaciones que tenemos aquí”, explicó. Madrid señaló que las comunidades enfrentan desafíos relacionados con el elevado consumo de energía y agua que requieren estas instalaciones para operar.
Un nuevo tema político
La oposición a los centros de datos también comienza a trasladarse al terreno político.Alejandro Maldonado, director de marketing de Metrobloks, aseguró que tanto gobiernos republicanos como demócratas están endureciendo su postura frente a estos proyectos. “Estamos viendo gobiernos republicanos y gobiernos demócratas que se están volviendo más duros con la parte de los data centers”, señaló.
Además del rechazo social, la industria enfrenta obstáculos para continuar su expansión, entre ellos la falta de energía disponible, retrasos en los permisos de construcción y escasez de trabajadores especializados.
Latinoamérica gana terreno
Mientras algunos proyectos encuentran mayores dificultades para avanzar en Estados Unidos, América Latina comienza a captar parte de ese crecimiento.Carlos Andrés Rebellón, director de Gobierno y Políticas Públicas para Intel en Latinoamérica y gerente general de Intel en México, afirmó que este fenómeno se ha acelerado durante los últimos años.
“Nosotros venimos viendo esto desde hace tres años, este fenómeno de construcción de centros de datos en Latinoamérica como desborde de Estados Unidos”, explicó.
Para Maldonado, si la oposición política y social continúa aumentando en Estados Unidos, las empresas podrían redirigir parte de sus inversiones hacia otros países. “Si se vuelve más difícil allá, las empresas empiezan a ver hacia dónde sí”, afirmó, teniendo en cuenta que hoy por hoy, Querétaro se está convirtiendo en un destino para las empresas de datos.“Lo que hoy invierte un hyperscaler en montar una granja de servidores en México lo hace pensando en una demanda que crecerá exponencialmente. Esa infraestructura, una vez instalada, puede permanecer aquí diez años o más”,agregó Rebellón, quien matizó: “El país que gane esta carrera será el que mejor combine talento, infraestructura energética, acceso a capital y facilitación de la inversión”.
“Si un país no invierte en infraestructura y frena la adopción de inteligencia artificial, va a empezar a perder competitividad frente a otros. En un país como México, con una vocación altamente exportadora, eso tendría impactos económicos importantes.”
Aunque la demanda de infraestructura para inteligencia artificial continúa creciendo, también aumenta la presión para que los nuevos proyectos consideren su impacto sobre el agua, la electricidad y la calidad de vida de las comunidades.
Con las elecciones de noviembre cada vez más cerca, la ubicación y regulación de los centros de datos comienza a perfilarse como un asunto de creciente relevancia en la política local estadounidense, donde el desarrollo tecnológico empieza a enfrentarse con las preocupaciones ambientales y vecinales.
Análisis | Juan Roberto Madrid, responsable del Programa de Comunidades Sostenibles deGreenLatinos
El crecimiento de los centros de datos ya no es un desafío exclusivo de Estados Unidos. Lo que estamos viendo aquí también comienza a repetirse en distintos países de América Latina, donde la expansión de la inteligencia artificial está impulsando la construcción de esta infraestructura con problemas muy similares a los que enfrentan las comunidades estadounidenses.
He tenido la oportunidad de participar en reuniones y conferencias con organizaciones de Brasil, Costa Rica, Paraguay y otros países de la región. En todas ellas aparecen las mismas preocupaciones: el enorme consumo de electricidad que requieren los centros de datos, la gran cantidad de agua necesaria para enfriar sus servidores y el impacto que esto puede tener sobre las comunidades y los servicios públicos.
Muchas veces se habla de la inteligencia artificial como si fuera algo intangible, pero detrás de cada aplicación existen instalaciones físicas que necesitan operar las 24 horas del día. Para mantener funcionando miles de servidores es necesario consumir enormes cantidades de energía y utilizar millones de litros de agua para los sistemas de enfriamiento. Ese costo ambiental casi nunca forma parte de la conversación pública.
Otro patrón que observo es dónde se están construyendo estos proyectos. Rara vez se ubican en las zonas con mayores ingresos. Tanto en Estados Unidos como en América Latina suelen instalarse en comunidades de bajos recursos, muchas de ellas históricamente afectadas por otras actividades industriales. Son barrios donde ya existen refinerías, centros logísticos, carreteras con tráfico pesado o plantas industriales, y ahora también están llegando los grandes centros de datos.
Eso significa que estas comunidades acumulan una nueva carga ambiental. No solo enfrentan un mayor consumo de agua y electricidad, sino también el ruido permanente generado por los sistemas de refrigeración. En lugares como Loudoun County, Virginia, ya existen investigaciones sobre los efectos que ese ruido constante puede tener en la calidad del sueño, el estrés e incluso en la fauna, ya que algunas especies comienzan a abandonar las zonas cercanas a estas instalaciones.
Entiendo por qué muchos gobiernos presentan los centros de datos como una oportunidad económica. Prometen inversiones multimillonarias, empleos y nuevos ingresos fiscales. Sin embargo, creo que con frecuencia el debate se queda ahí y no incorpora todos los costos asociados. La mayor parte del empleo se genera durante la construcción, mientras que una vez terminadas las instalaciones se requieren relativamente pocos trabajadores especializados para operarlas.
Además, las empresas suelen solicitar incentivos fiscales, subsidios o inversiones públicas para desarrollar la infraestructura eléctrica necesaria. En muchos casos, esos costos terminan trasladándose a las empresas de electricidad y, finalmente, a los propios consumidores mediante tarifas más altas.
Un ejemplo que me preocupa es el proyecto Jupiter, en Santa Teresa, Nuevo México. De acuerdo con la información disponible, su demanda energética será comparable al consumo conjunto de varias ciudades del estado y utilizará enormes cantidades de agua en una región afectada por una sequía prolongada y por conflictos históricos sobre el reparto del agua del río Bravo. Ese tipo de proyectos obliga a preguntarnos de dónde saldrán realmente esos recursos.
Nuestra posición en GreenLatinos no es estar en contra de todos los centros de datos. Reconocemos que la inteligencia artificial puede aportar beneficios importantes para la medicina, la investigación científica y muchos otros sectores. Lo que defendemos es que cada proyecto debe evaluarse caso por caso y que las comunidades tengan información suficiente para decidir si los beneficios compensan los impactos.
Nuestro trabajo consiste en acompañar a las comunidades, no en decidir por ellas. Organizamos reuniones vecinales, colaboramos con gobiernos locales y legisladores y procuramos que las personas conozcan cómo un centro de datos puede afectar el agua, la electricidad, la calidad del aire o el ruido en su entorno. Si una comunidad considera que el proyecto puede ser positivo, buscamos que obtenga beneficios concretos, como empleo local o capacitación técnica. Si considera que los costos son demasiado altos, también apoyamos su derecho a participar y expresar su oposición.
Creo que este debate apenas comienza. Así como Estados Unidos empezó a cuestionar el impacto de esta infraestructura, América Latina también tendrá que discutir cómo equilibrar el desarr
Uncategorizedhace 4 semanas
Uncategorizedhace 4 semanas
Justiciahace 3 semanas
Nacionalhace 2 semanas
Internacionalhace 3 semanas
Justiciahace 1 semana
Deporteshace 1 semana
Nacionalhace 3 semanas